Las habitaciones que sus dos hijos ocuparon los últimos dos años se habían convertido en el oasis, al que Ivette Toledo acudía cada vez que la embargaba el dolor y la desesperanza por la pérdida de ambos.
Desde aquel 18 de septiembre, cuando Karen y Eduardo fueron raptados por pandilleros en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla, la madre acudía a sus cuartos, uno junto al otro, para tratar de establecer una conexión con ellos, que la llevara al lugar donde estaban.
Con la esperanza de que sus hijos volverían, Ivette mantuvo intactas las habitaciones por varias semanas.
En la de Karen, se observaban varias pinturas elaboradas por ella. La joven era una apasionada por el arte plástico y solía dedicarse a ese pasatiempo.
En un perchero, además de sus blusas y vestidos, se encontraba colgado un instrumento musical de cuerdas, conocido como ukelele, el cual era una de las principales pasiones de su hija.
En la habitación de Eduardo destacaba su colección de gorras y automóviles de juguete, sobre la mesa de noche, unos audífonos y una pintura de un árbol con un corazón rojo al centro.
Después que las osamentas de los dos jóvenes, tres meses después de su desaparición, fueron encontradas en una de las seis fosas en el cementerio clandestino de la finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán, Ivette instaló un altar en memoria de las almas de sus hijos, cruelmente asesinados por pandilleros de la Mara Salvatrucha.
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Sin embargo, de un día para otro, de forma abrupta tuvo que abandonar esa casa en la que guardaba tantos recuerdos y la conexión espiritual con sus dos hijos, debido a una amenaza que la obligó a desplazarse de manera forzosa.
La madre de los hermanos Guerrero Toledo es resguardada, en su vivienda, por agentes de la Policía Nacional Civil. Luego de las declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en las que involucró a los chicos con problemas relacionados a las pandillas y las drogas, acusaciones que fueron desmentidas por la madre, horas después.
Sin embargo, la última semana de abril, en medio del régimen de excepción ordenado por el gobierno, con el argumento de combatir a las pandillas, cuando ella salió a una diligencia personal, fue abordada por “los muchachos”, quienes le llevaban un celular con una llamada para ella. En ese momento, ella solo era acompañada por un familiar, pues la seguridad policial solo es brindada en su casa.
La orden fue clara, tenía que irse de su vivienda porque “ya les había calentado mucho la zona y ya no querían que estuviera ahí”.
Eso en referencia a que les molestaba que hubiera presencia de policías en la colonia.
Ivette no esperó más, al siguiente día, por la mañana, comenzó la búsqueda desesperada de un nuevo lugar a donde ir, pero no ha sido fácil, debido a que el cambio de residencia implica un costo económico más alto y la obligó a dejar los cuartos de sus hijos atrás.
Ivette no sabe cuánto tiempo seguirá su vida en el limbo, pues considera que, si las autoridades no hubieran involucrado a sus hijos con estructuras criminales, a pesar de la pérdida, ella podría continuar con su vida; con dolor, pero de una manera diferente.
“No puedo continuar con mi vida aquí, en este país, no puedo hacerlo. Yo tuve apoyo en la búsqueda, pero lo que ellos (las autoridades) hicieron al final fue lo peor”, comenta con tono triste.
Ella desea la asistencia de alguna institución para poder tramitar su salida del país, pues considera que su vida todavía está en peligro.
Celia Medrano, especialista en derechos humanos y migración, considera que la valentía y la persistencia de Ivette por encontrar el cuerpo de sus hijos y el hecho de no callarse ante el poder, sentaron un precedente, para que muchos casos no queden en la impunidad. Eso la convierte en una persona defensora de derechos humanos, según Medrano.
En palabras de la especialista: “Como cualquier persona defensora de derechos humanos, está en riesgo su integridad e incluso su vida”.
La especialista considera importante que la madre de los hermanos Guerrero Toledo mantenga activa su capacidad de evidenciar, visibilizar y denunciar cualquier hecho en su contra.
“No debemos perder de vista que el Estado tiene el deber de garantizar a ella su seguridad”, expresa Medrano.
Pero Ivette no solo se ve afectada por su duelo y su situación de seguridad, sino también en su economía, debido a que no puede salir a trabajar y, además, ahora debe pagar un costo más alto por la vivienda que le alquilan.
Hasta el momento, ninguna organización, ni institución, le ayuda financieramente para enfrentar el desplazamiento forzado al que se ha visto sometida.
“Cuando me siento frustrada, me pregunto: ¿Por qué a otras personas (de poblaciones vulnerables) las apoyan y en el caso, como el mío, hay muchas mujeres que necesitamos un apoyo?”, cuestiona.
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La fundación Cristosal advierte que los desplazamientos forzados internos, a causa de la desaparición de personas, se han incrementado considerablemente en los últimos 10 meses.
Esa organización atendió 46 casos de desplazamiento forzado interno a causa de las desapariciones, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022.
Esto representa un aumento en comparación con los 54 casos reportados en Cristosal durante un periodo de siete años: desde 2014 hasta diciembre de 2020.
Datos de Cristosal, publicados en marzo de este año, también revelan que hubo un aumento de casos de desplazamiento forzado interno de mujeres en el último año.
Según los datos, de enero de 2021 al 28 de febrero de 2022, Cristosal atendió a 870 mujeres en condición desplazamiento y el Servicio Social Pasionista registró 253, lo que equivale a un total de 1,123 casos de víctimas mujeres.
En los casos reportados por Cristosal, las víctimas más afectadas están en el rango de edad de 18 a 59 años, con un 56.7%. En segundo lugar, las niñas y adolescentes de 0-17 años, con un 31.5%. En tercer lugar, mujeres de 60 años o más, con un 11.8%.
Los datos de Cristosal señalan que los victimarios de las mujeres desplazadas de manera forzosa son: en primer lugar, la mara Salvatrucha; en segundo lugar, la pandilla 18 y, en tercer lugar, personas que no pertenecen a esos grupos.
En cuanto a los hechos que provocan el desplazamiento forzado de mujeres están, en primer lugar, las amenazas con un 75.1%; en segundo lugar, el amedrentamiento, con un 26.6% y, en tercer lugar, las lesiones con un 13.8%.
Ivette es parte de dos grupos vulnerables reportados por Cristosal y que, según organizaciones sociales, son invisibilizados por el Estado: los familiares de los desaparecidos y las mujeres víctimas del desplazamiento forzado.
En diciembre de 2021, Cristosal y otras organizaciones de la sociedad civil instaron al gobierno salvadoreño a adherirse a protocolos internacionales y así dar un primer paso hacia el reconocimiento del fenómeno de las desapariciones.
En cuanto al desplazamiento forzado, en febrero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Interno, para atender a decenas de víctimas desplazadas, mayormente, por la delincuencia de grupos de pandillas.
Sin embargo, dos años después de que esa Ley fuera aprobada, acciones de parte del Estado para hacer funcional la referida ley y el reglamento que debió ser elaborado y aprobado son inexistentes, según han denunciado en reiteradas ocasiones organizaciones sociales.