Zaira Navas, abogada especializada en derechos humanos y seguridad pública, que fungió como inspectora general de la Policía Nacional Civil entre 2009 y 2012, actualmente es jefa jurídica en seguridad de la organización Cristosal, que vela por derechos y seguridad ciudadana.
En entrevista con El Diario de Hoy compartió sus ideas sobre las medidas de seguridad pública impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele y la realidad acerca de delitos como el feminicidio y las desapariciones forzadas. Ella opina que las políticas de seguridad pública del gobierno apuntan a la militarización con fines políticos.
¿Cuál es el problema en los recientes anuncios sobre seguridad pública y por qué no son consecuentes con una verdadera política de seguridad.
En primer lugar, la política de seguridad debe ser integral, deben partir de un diagnóstico, deben partir de identificar cuáles son los principales problemas generadores de las distintas violencias delincuenciales, sociales, etc. Aunque con el Plan Control Territorial, públicamente dijeron que iba a implementarse en 22 municipios. No sabemos cuáles son esos municipios, cuál es el impacto que ha habido en estos municipios y si ha o no disminuido la violencia cuando se rinden informes públicos.
¿Cuál es la situación real?
La población salvadoreña sigue quejándose que en su comunidad son las maras o pandillas las que determinan quién ingresa. Siguen cobrando renta, siguen dándose desaparecidos. Obviamente, no podemos negar que ha habido un impacto en la disminución de homicidios, pero esta disminución de homicidios puede ser resultado de otro fenómeno. Y lo digo con franqueza, se ha mantenido una constante desde junio de 2019, una baja abrupta del número de homicidios que hubo antes de la implementación del Plan Control Territorial. La segunda fase, que estaba referida a la reinserción social, no se ha implementado. Hemos conocido de la instalación de algunos cubos pero, por favor, la instalación de un programa o un modelo para realizar actividades deportivas culturales no atiende al tema de la reinserción social. Esto es mucho más grande. La reinserción social implica educación, oportunidades laborales, productivas, emprendedurismo, etcétera.
Entonces, ¿existe el Plan Control Territorial?
No hay plan, no hay control en los territorios, porque los jóvenes y las familias incluso no pueden pasar por lugares controlados por la pandilla contraria. Es lamentable escuchar que van a comprar un número grandísimo de fusiles para el tema de seguridad, porque no estamos en una guerra, no se requieren fusiles, se requiere inteligencia, se requiere ciertamente tecnología. Se requiere capacidades investigativas. La cuarta (fase del Plan Control Territorial) es la militarización. ¿Por qué se llama incursión? Implica el fortalecimiento de la Fuerza Armada y es un enfoque eminentemente de seguridad nacional. Implica ir a tomarse o asaltar los territorios. El tema es qué resultados judiciales van a tener estas incursiones si no han sido producto de investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil. Y por otro lado, es el uso excesivo de la Fuerza Armada en clara violación a la Constitución de la República.
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¿Estamos hablando de militarización?
El acompañamiento (de la Fuerza Armada) que ha habido después de la guerra hacia la Policía Nacional Civil ha sido muy criticado por las distintas organizaciones de sociedad civil, porque en lugar de hacer eso, debió fortalecerse a la Policía. Se está planteando el crecimiento desmedido de la Fuerza Armada en un rol que no le corresponde a esta institución. Nos enfrentamos a posibles graves violaciones a derechos humanos porque los militares no reciben formación en seguridad, no reciben formación sobre el tipo de delitos y cómo hacer intervenciones. No tienen ningún tipo de formación en investigación del delito. Pero lo más grave de todo esto es que los militares históricamente en El Salvador han servido para asegurar a los gobernantes perpetuarse en el poder, cometer arbitrariedades, permitir el autoritarismo. Y lo vimos el año pasado, el 9 de febrero, los militares le abrieron las puertas al Presidente de la República, incursionaron en el Palacio Legislativo y eso fue una muestra de poder. Una fuerza armada implica un gran respaldo político y militar hacia quien gobierne el país.
¿Qué pasa con delitos como feminicidios o desapariciones?
Lamentablemente hay una negación por parte del Gobierno a reconocer que este es un fenómeno que está creciendo en esa falta de fortalecimiento a la Policía Nacional Civil en la investigación del delito. No conocemos un mecanismo efectivo por parte de la policía, aunque hay protocolos y hay instrumentos ya escritos, pero no conocemos un mecanismo efectivo de búsqueda de personas. Con respecto al feminicidio, esto implica una especialización por parte de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía y no una policía que no está centrada en la investigación científica del delito del feminicidio, que requiere debida diligencia reforzada, es decir, hacer más allá de lo que se hace. Esa es una policía que no va a tener capacidad para investigar este tipo de delitos.
Lo que hemos visto en este gobierno es potenciar a la Fuerza Armada como la institución que nos va a resolver los problemas de la seguridad, cuando de lo que debiese hacer son campañas de prevención, de violencia. Es atender los problemas de la seguridad y fortalecer a la Policía Nacional Civil. A mí me parece que lo que se busca es asegurar esa confianza ciudadana en la Fuerza Armada para tomar medidas como las que se está tomando en este momento, con el fin de tener a una estructura que garantice el poder, pero que además camina hacia el autoritarismo en el país. No se resolverán los problemas de seguridad pública y seguridad ciudadana con tener más militares fuertemente armados. Para eso se requeriría fortalecer a las instituciones llamadas a la investigación del delito.
Zaira Navas, opina que la militarización de la seguridad pública obedece a intenciones políticas. Video EDH