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Cámara resolvió que los líderes de comunidad Santa Marta sigan detenidos

La ONU ha solicitado a las autoridades salvadoreñas esclarecer la justificación legal bajo la cual los seis líderes fueron detenidos desde el pasado 11 de enero

Por Abigail Parada | May 10, 2023- 17:21

Las autoridades los han etiquetado como "comandantes", cuando no se ha investigado a profundidad, lamentaron. Dicha comunidad es una repoblación integrada por exiliados y excombatientes de la guerra civil (1980-1992). Foto EDH/ Jonatan Funes

La Cámara de Segunda Instancia correspondiente a la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque resolvió mantener detenidos a los seis líderes de la comunidad Santa Marta, del cantón Victoria, en Cabañas, quienes son señalados por asociaciones ilícitas, privación de libertad y asesinato, hechos que presuntamente fueron cometidos durante la guerra civil en el país.

El 5 de mayo anterior, los magistrados rechazaron la solicitud presentada por los abogados defensores del caso para aplicar medidas sustitutivas a los implicados.

“(Sobre el) recurso de apelación interpuesto por los defensores… declarar no ha lugar dicha alzada… confirmar la detención provisional impuesta a los imputados Fidel de Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alexandro Laínez García”, señala la resolución.

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Algunos habitantes de la comunidad Santa Marta comentaron que al no realizar la audiencia en la ciudad de Victoria lo que demuestran es que temen a la movilización de vecinos de la comunidad Santa Marta que por años ha luchado por su propio desarrollo, contra la minería y en favor del derecho al agua. Foto EDH/ Jonatan Funes

Según argumentaron los defensores Dennis Muñoz y José Perla, los seis líderes se encuentran detenidos desde el pasado 11 de enero de este año, por lo que se interpuso una apelación para buscar medidas sustitutivas, esto para “revertir la detención provisional y permitir que los defensores ambientales continuaran el proceso judicial en libertad”, recurso presentado durante los primeros días de febrero.

Agregaron los detenidos tienen complicaciones de salud derivadas de su avanzada edad.

Dicha resolución de la Cámara fue firmada por los magistrados Fernando Pineda Pastor y José María Zepeda Grande, quien funge como suplente del magistrado propietario Martín Rogel Zepeda, quien fue separado del caso debido a señalamientos de la Fiscalía General de la República que argumentan que existen lazos familiares con una exdiputada del partido FMLN, ligada a los detenidos.

Aunque el magistrado titular de la Cámara, Santiago Alvarado Ponce, estaba “a favor” de las medidas sustitutivas a la detención, la situación fue resulta por los magistrados suplentes.

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“Rechazamos enérgicamente esta vergonzosa resolución que sólo se explica por la genuflexión de jueces intimidados por el régimen de Nayib Bukele, la pérdida de independencia judicial y la instrumentalización del sistema jurídico para perseguir penalmente líderes comunitarios que representan un obstáculo para la eventual reactivación de la tenebrosa minería metálica”, señaló la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Martes (ADES) a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Posterior a lo ocurrido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado para solicitar que se esclarezca las condiciones bajo las cuales los activistas siguen detenidos: “quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con alegatos de supuesta detención arbitraria contra cinco defensores del medio ambiente”, reza la misiva de la ONU, dirigida al presidente Nayib Bukele.

También “expresamos nuestra grave preocupación por el presunto uso indebido del derecho penal contra los defensores de los derechos humanos, así como de su detención provisional y de las restricciones”, señala el comunicado emitido por la organización.

Cabe mencionar que los detenidos formaron parte del movimiento para proteger las fuentes de agua del país de los impactos negativos de la minería metálica, mismo que llevó a la Asamblea Legislativa a aprobar por unanimidad la Ley de Prohibición de Minería Metálica desde 2017.

Por esta razón, los representantes de más de 30 comunidades organizadas en al menos siete departamentos han denunciado que detrás de la captura de los líderes de Santa Marta, Cabañas, podría haber intenciones del gobierno actual de reactivar eventualmente los proyectos mineros, en los que la comunidad ha tomado la iniciativa de oponerse y rechazar.

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