En la letra fina del proyecto de ley de Agentes Extranjeros, específicamente en el artículo 12 del apartado de las disposiciones finales, se dice que el presidente de la República podrá aprobar “cuantos Reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios” para el cumplimiento de la normativa.
Esta facultad tan amplia que se le otorga al presidente de la República abre la puerta a discrecionalidades que pueden derivar en ilegalidades en cuanto a ampliar el alcance de la ley y aplicar más restricciones de las que ya posee la cuestionada iniciativa de ley, advierten abogados.
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“Abre la puerta a la discrecionalidad del gobierno para ampliar el alcance de la ley, incluso, por la vía del Reglamento, pero éstos no pueden ampliar el alcance de la ley, solo sirven para desarrollar la ley, pero no puede ampliar las regulaciones”, afirmó el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Sin embargo, dado el espíritu que contiene la propuesta, que es de control de los fondos del extranjero que reciben las ONG y asociaciones, según la oposición política, con el fin de callar las voces disonantes en contra del gobierno; Escobar pone en duda que se respete la aplicación de un Reglamento que se oriente a desarrollar la materia de la ley propuesta por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
“Al dejar esto tan genérico y tan abierto para emitir los reglamentos que sean necesarios deja ese margen a la discrecionalidad”, apuntó Escobar. Además, señala que dejar plasmado ese artículo 12 en la propuesta de ley denota que el gobierno en realidad no tiene claridad de como aplicará la normativa, misma que según palabras del ministro de Gobernación y del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, es similar en forma, pero no en contenido a una ley que se implementó en Nicaragua, la cual ha sido utilizada para reprimir a los opositores del régimen de Daniel Ortega.
El proyecto se presentó tras un anuncio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el 4 de noviembre de 2021, sobre una “iniciativa a cinco años por USD 300 millones para empoderar a organizaciones locales en El Salvador, Guatemala y Honduras con el fin de que aborden los factores que propician la migración irregular hacia EE. UU.”, según el director para las Américas de Human Rights Watch, Miguel Vivanco
El presidente de Nicaragua aprobó una ley con fines idénticos el año pasado y se conoce popularmente como “Ley Putin”, por ser igual a una avalada por el mandatario ruso Vladimir Putin, conocido por poca tolerancia con las voces disidentes, explicó el analista nicaragüense Enrique Sáenz a El Diario de Hoy.
La Ley de Agentes Extranjeros existe desde 2012 en Rusia, pero se ha ido modificando. En 2012 solo incluía como “agentes extranjeros” a asociaciones con financiamiento extranjero. Luego en 2017 se incluyó a medios de comunicación y en 2020 a periodistas y otros civiles.
Es por eso que la discrecionalidad que tiene la propuesta del gobierno salvadoreño podría generar más alcances, aseveró Escobar, pero según el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, las restricciones no se pueden dar por medio de leyes y un Reglamento no puede estar arriba de lo que diga la ley en comento.
“No puede excederlo, eso no puede hacerlo desde el Ejecutivo, sería en contra de la Constitución”, aseveró Bertrand Galindo y en todo caso, añadió, tendría que ser la Asamblea Legislativa quien es la facultada para emitir restricciones.
Si ese fuera el caso debería conllevar a una votación de mayoría calificadísima, de 63 votos, para poder suspender derechos constitucionales, no a través de un Reglamento, dijo Bertrand Galindo. Añade que la Ley no es necesaria, pero considera que tiene un tinte político de control de la cooperación internacional a organismos que cuestionan las políticas del gobierno salvadoreño.
Lo que le llama la atención a Bertrand Galindo es la imposición del impuesto del 40% que incluye.
Según dijo, en otros países una ley de agentes extranjeros no necesariamente implica pagar un impuesto y, si existe, éste debe ser razonable y de trato igualitario con otras instituciones similares.
Aseveró que la propuesta de “confiscación” de los fondos para ONG llega en un momento en que el gobierno de Estados Unidos también anunció que la ayuda financiera ya no llegará al gobierno, sino a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la transparencia y el combate a la corrupción.