Como una “extorsión para la comunidad internacional” califican abogados y analistas la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, presentada este martes por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa, ya que entre otras cosas establece que los financistas extranjeros deberán pagar un impuesto que asciende al 40 % por cada transacción que realicen al país.
“Por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro y que sean provenientes del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40 %”, reza el artículo 10 de la iniciativa.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que dicha medida pretende afectar a oenegés que trabajan la contraloría social al poder.
“Ese impuesto del 40% que se quiere imponer, en primer lugar, es una extorsión para la comunidad internacional, que hace el gobierno de la República a efectos de impedir que financien a las organizaciones de sociedad civil que trabajamos los temas de contraloría social, combate a la corrupción, y democracia. Es una extorsión, sin duda”, señaló.
Además, explicó que ese 40% busca encarecer el apoyo a las organizaciones de sociedad civil.
“Que tenga costo elevado para la comunidad internacional apoyar a las organizaciones de sociedad civil”, subrayó.
El analista político Rubén Zamora consideró que al cobrar dicho impuesto es “totalmente fuera de cualquier cosa” y criticó que se cobre esa cantidad por mandar dinero y ayudarle al pueblo salvadoreño.
“Es peor que la ley nicaragüense. Para el donante internacional, que el 40% se le venga a quedar al gobierno sabiendo que es un gobierno corrupto, porque ya se conoce en todas partes la corrupción de este gobierno, es como estar votando su dinero y haciendo imposible el apoyo para las organizaciones”, indicó.
Además, el exembajador de El Salvador en Estados Unidos opinó que ese el objetivo del gobierno es “que desaparezcan las oenegés y solo queden las que él quiere, como él quiere para que continúen con la historia como él la quiere hacer”.
Carlos Palomo, de la organización Transparencia, Contraloría Ciudadana y Datos Abiertos (Tracoda) ahondó más en el análisis y mencionó algunas organizaciones que se verán afectadas.
“Causa preocupación el impuesto porque esto podría limitar en el caso de organizaciones de ambientalistas, víctimas del conflicto armado, comunidad de LGTBI, colectivo feminista y otras que el Estado no las protege sino las oenegés”, expuso.
Asimismo, indicó que también afectará a algunos medios de comunicación independiente.
“Los medios independientes que reciben financiamiento de entidades extranjeras pueden verse afectados, y ahí hay una diferencia, que ni siquiera la ley nicaragüense fue tan lejos porque ahí se establecía una excepción para los medios de comunicación. En este caso ni siquiera eso, es bien escueta y aplica a cualquier colectivo, solo se salva educación y salud”, destacó.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz de Vamos cuestionó esa medida y preguntó por qué no se cobra también ese impuesto a los que invierten en bitcoin en el país.
“Porque no cobran ese impuesto a los que quieren aprovecharse de las inversiones del bitcoin en el país, por ejemplo. Creo que va con una dedicatoria bien clara y es necesario decir esto a nivel internacional, no es el primer país que hace eso, hay una serie de países cuya democracia es muy cuestionada que ha implementado el mismo tipo de medidas”, señaló la legisladora.
El diputado Francisco Lira de ARENA opinó de igual manera. “Creo que el 40% no se le debe cobrar a las instituciones que están haciendo un bien para el país”, consideró.
¿Que pretende la ley?
Las fuentes consultadas por el Diario de Hoy coinciden en que lo que el gobierno pretende es asfixiar a las oenegés. Por ejemplo, Eduardo Escobar manifestó que lo que busca la iniciativa es golpear financieramente a las organizaciones, a efecto de disminuir su incidencia, su crítica y su labor de contraloría y dejar al gobierno sin voces que cuestione su inadecuado manejo de la cosa pública.
“Que no cuestionen las actitudes autoritarias del gobierno y es paradójico que Nuevas Ideas y el Gobierno esté hablando de que presentan esta iniciativa con finalidad de transparencia, cuando Nuevas Ideas nunca ha entregado información financiera sobre sus gastos, no se sabe quién financió su campaña electoral, no se sabe quiénes son las personas detrás financiando, igual al gobierno quien ha reservado la información sobre los fondos que se manejaron en la pandemia” criticó.
A juicio de Rubén Zamora esta es “la típica ley de los gobiernos dictatoriales que como saben que las organizaciones de sociedad civil están en contra de los abusos que comete, entonces tratan de ahogarlas, cortando la posibilidad que consigan fondos del exterior”.
Añadió el exdiplomático que esta es una ley en contra de los necesitados porque si ahogan a la sociedad civil no habrá posibilidad de atender lo que el Estado debería de atender, pero no lo hace.
Para la diputada de Vamos, la ley simula otro tipo de prácticas para cortarle el flujo de recursos que permita trabajar a diferentes organizaciones, instituciones, como medios de comunicación, a la academia etc, que hacen un trabajo independiente de los partidos políticos y abonan a que la democracia sea más diversa, sea más viva y que haya diferentes voces y no solo una como parece que quiere el mandatario.
El diputado del partido tricolor expresó que “lastimosamente esta ley es un significado de la asfixia que ellos quieren dar a fundaciones y oenegés que lo único que hacen es apoyar todas aquellas comunidades, territorios donde el gobierno no logra llegar”.
“Me parece que lo que están haciendo es asfixiar financieramente a las organizaciones y hacerle saber a cualquier organización que se atreva a pronunciar en contra de cualquier pode gubernamental que se puede ver sujeta a cancelación o a persecución penal. Cuando uno lee la ley no parece que se al fin transparentar”, concluyó Eduardo Palomo de la fundación TRACODA.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) César Castro Fagoaga, criticó que el partido oficialista no transparente sus cuentas y que enarbole la bandera de la transparencia.
“Muchas organizaciones ya transparentan las donaciones que reciben, y cómo las usan. ¿Puede decir lo mismo el gobierno sobre los fondos que ejecuta? La respuesta es no. ¿Puede decir lo mismo Nuevas Ideas, el partido de la familia Bukele? La respuesta es aún más rotunda: NO”, dijo el además editor de la revista Factum en su cuenta de Twitter.