La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó el Hábeas Corpus al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, conocido como “Chepe Diablo”, junto a tres de sus familiares, quienes son acusados de lavado de dinero por más de 500 millones de dólares, según la acusación de la Fiscalía.
“Declárase no ha lugar el presente hábeas corpus solicitado a favor de los señores: 1) JU, conocido por JUS, 2) WGU, 3) MHSU y 4) TRMG, en virtud de no haber vulnerado el Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador sus derechos de defensa y libertad física, al no comprobarse la existencia de dilaciones indebidas en su actuación, ni desigualdad procesal”, señala la sentencia de la Sala.
“Chepe Diablo” incrementó patrimonio en $508 millones
El tribunal constitucionalista “determina que si bien ha existido una dilación en el proceso penal, esta no se adecúa a los supuestos que establece la jurisprudencia constitucional para calificarla como indebida, en tanto se ha comprobado que el proceso penal que se sigue a los beneficiados reviste una complejidad tal que ha generado mayor dificultad de investigación”
A lo anterior se le suma “el comportamiento de las partes que han motivado la prolongación de la causa, sin advertirse plazos muertos o períodos de inactividad del Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador”.
Juez le niega la libertad condicional al exalcalde de Metapán, Juan Umaña
En ese sentido, los magistrados consideran que “la demora en la celebración de audiencia preliminar está justificada y no puede sostenerse una vulneración a los derechos de defensa y libertad física de los señores 1) JU, conocido por JUS, 2) WGU, 3) MHSU y 4) TRMG, pues la misma se ha debido a causas ajenas a la actividad del juzgador”.
Los magistrados constitucionalistas le urgieron a la Jueza Cuarto de Instrucción y a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador a realizar “las actuaciones judiciales pertinentes a fin de resolver definitivamente y lo antes posible la situación jurídica de los procesados en este caso”.
La Fiscalía acusa a Umaña Samayoa y a las otras tres personas de integrar un clan familiar dedicado a lavar más $508 millones, a través de varias empresas , y de haber evadido el pago de $138 millones en impuestos.