José Adán Salazar Umaña, apodado “Chepe Diablo”; el ex alcalde Metapán, Juan Umaña Samayoa, y seis de sus familiares incrementaron su patrimonio en $508 millones, pero estos no fueron declarados al fisco, sostuvo ayer la Fiscalía General.
Uno de los fiscales explicó ayer que el hecho de que los ocho procesados no hayan declarado la referida cantidad de dinero percibido, entonces se concluye que evadieron el pago de impuestos.
“Una cantidad de $138 millones de impuestos no pagados al Estado salvadoreño y por lo tanto, dinero que se lavó dentro del sistema financiero y que circuló dentro de la economía salvadoreña”, sostuvo uno de los fiscales que participan en la audiencia preliminar por lavado de dinero en contra de Salazar y otros siete procesados.
El fiscal dijo que el referido monto de dinero fue lavado en la producción y distribución de productos agrícolas y en el sector hotelero.
Reconoció que las investigaciones fiscales no han determinado el origen de los $508 millones con los que los acusados incrementaron su patrimonio pero que, a criterio del representante fiscal, es dinero ilícito. “Se ha determinado una fluctuación de bienes donde efectivamente vemos que se inyectaban capitales de origen desconocidos”, dijo el fiscal.
Por su parte, los abogados defensores de la familia Salazar Umaña aseguraron que la cantidad de dinero que se supone incrementaron su patrimonio, se basa en un peritaje financiero que fue ampliado de manera irregular por la Fiscalía.
“En la ampliación a nuestros peritos no se les proporcionó esos documentos, de manera que hay una vulneración clara al principio de contradicción y por lo tanto, la sanción que nuestra legislación establece es la exclusión probatoria de los elementos que irregularmente han sido incorporados porque son inválidos”, afirmó el abogado Miguel Flores Durel.
Rechazó además el argumento de la Fiscalía de que sus defendidos hayan aumentado su patrimonio sin justificarlo o que han lavado dinero. “No han lavado absolutamente nada, la pericia que se hizo conforme a derecho presentada en tiempo demuestra eso y consideramos que lo justo es sobreseer en este caso”, dijo Flores Durel.
Aseguró que se opondrán a que la Fiscalía General pueda introducir el referido peritaje financiero a la audiencia por estar fuera del período que señala la ley.
Jueza prohibió ingreso de periodistas a la audiencia
A pesar de que la Fiscalía y la defensa no han pedido reserva total del caso, la jueza Lila Álvarez no permitió el ingreso de los periodistas a la audiencia.
Ante ese impedimento, el Fiscal General, Raúl Melara, escribió en Twitter: “Necesitamos jueces valientes que no teman a la transparencia en los casos”.
El abogado Flores Durel dijo: “entiendo que no hay reserva decretada en el proceso. Nos extraña que nos quiten los teléfonos celulares… En todo caso las audiencias son públicas, cualquier ciudadano tendría el derecho en este caso de pedir permiso y estar presente”.