Entre cuestionamientos y advertencias de que la nueva normativa puede prestarse al mal manejo de fondos públicos, la Asamblea Legislativa aprobó el miércoles por la noche con 66 votos a favor y 15 en contra de los diputados de oposición la Ley de Compras Públicas que sustituirá a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), cuyos controles y requisitos estorbaban evidentemente al actual gobierno.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, fue recibida el lunes 23 de enero por diputados de la comisión de economía y aprobada un día después.
Tal normativa ha recibido una serie de señalamientos de parte de expertos y diputados de oposición.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, declaró que los salvadoreños no deben olvidar “el día que se dio licencia para robar” mediante esta nueva ley.
Uno de los principales señalamientos es la facultad que habían dejado en la moción original para que los funcionarios públicos pudieran hacer negocios con el Estado; sin embargo, esto fue separado del proyecto de ley, pero el diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, advierte que no está claro del todo.
El literal “d” del artículo 25 decía que los funcionarios públicos, directores o servidores públicos “no podrán ofertar en su misma institución”. Ante esto, Ávila observó que esta redacción podría entenderse que en otras entidades “sí”.
Los legisladores oficialistas decidieron modificar el artículo “a” y “b” para que dijera que quede establecida la prohibición en “cualquier institución”. No obstante, el literal “d” quedó de la misma manera.
En la discusión del dictamen en el pleno, Suecy Callejas, del partido oficial Nuevas Ideas, pidió agregar a ese literal lo siguiente: “Ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietario, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales”. Pero se dejó siempre que “no podrán ofertar en su misma institución”, lo que abre la puerta a que en otras entidades del Estado sí, como dijo Ávila.
El parlamentario indicó que la LACAP vigente regula de forma contundente en su artículo 26, literal “a”, que los funcionarios públicos “no pueden participar como ofertantes en ninguna institución del Estado”. En este sentido, consideró que “este es un retroceso porque ese artículo tiene una especie de posible doble interpretación, se hizo un par de modificaciones, pero no tiene la contundencia de la LACAP, el artículo no lo expresa como una prohibición concreta, sino que se deja entrever de que los funcionarios no pueden ser oferentes para ventas de cualquier bien o servicio al Estado o institución pública”.
No escucharon a especialistas
Hay otras observaciones, por ejemplo, de Anabel Belloso, del FMLN, quien cuestionó la rapidez y falta de análisis de la ley. “Siempre en un interés de que los temas no generen más ruido del que a ellos (oficialismo) les gusta, porque son temas complejos, llevan de fondo el uso de recursos públicos, las compras, el mismo tema de la corrupción y por eso ellos los manejan así, con aprobaciones exprés, así como han sido la mayoría” de leyes, criticó.
Además, la legisladora reprochó que previo a la aprobación de la ley, solo se tomó en cuenta a dos representantes del Ejecutivo que llegaron a defenderla y “no se escucharon otras voces” de especialistas.
Según el oficialismo, la propuesta del Ejecutivo pretende “modernizar” las contrataciones administrativas y hacer más eficientes los procesos de compras. Sin embargo, los diputados de oposición consideran que la ley contiene vacíos y ambigüedades que podrían dar paso al uso discrecional de fondos públicos.
Evaden controles
Otro punto que causó una serie de críticas fue el artículo 3 de la normativa, que establece quiénes quedarán excluidos de esta ley. Entre estas están la adquisición de seguros paramétricos que contrate el Estado con organismos internacionales, las operaciones de colocación de títulos en el mercado internacional y las adquisiciones y contrataciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Este artículo añade que serán excluidos de los controles “los proyectos estratégicos de utilidad publica que deban realizar las instituciones y que sean definidos de tal manera por el Consejo de Ministros…”.
Ante esto, Ávila opinó que las exclusiones tendrían que ser muy concretas para temas que verdaderamente requieren de secretos de un Estado, pero “para las compras públicas, sobre todo las de gran envergadura, no es correcto que existan esas exclusiones que han aumentado en la normativa”.
“Cuando la ley misma ya dice que esto no se aplica para proyectos estratégicos o para obras municipales creemos que eso no es correcto y por eso no vamos a acompañar este decreto”, afirmó.
De hecho, el diputado opinó que las exclusiones a la ley “casi que serán a la carta”, en el sentido que la normativa se aplicará cuando se quiera o cuando no, y se podrán hacer compras de manera discrecional. “El tema de las exclusiones podría terminar en que esta ley solo sea aplicada a las alcaldías o proyectos pequeños y no a los grandes proyectos que son precisamente los que tiene ser transparentados”, advirtió.
Sobre este punto, Belloso indicó que la nueva normativa “incorpora elementos que deja demasiada discrecionalidad en las compras directas, que agrega más exclusiones de no aplicar la ley y hace recordar el antecedente que ya tiene este gobierno de “figuras abusivas” como en la pandemia y la “urgencia para hacer compras públicas que han estado marcadas por la corrupción, por contratos a funcionarios públicos y a sus familiares”.
La LACAP le estorba a Bukele
Claudia Ortiz, de VAMOS, se mostró en contra de la iniciativa que deroga la LACAP. “Ha quedado claro que la LACAP le ha estorbado a este gobierno y por eso la van a derogar este día (ayer) y van aprobar una ley a la medida”, apuntó.
Calificó como una “vivianada” (sinvergüenzada) hacer una legislación con amplias ambigüedades que excluye “proyectos estratégicos que vaya usted a saber cuáles van a ser porque lo va a decidir el Consejo de Ministros”.
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La legisladora dijo que esto es importante para la población porque “la actual administración gasta más en la compra de bienes y servicios”.
La parlamentaria recordó la forma poco transparente en que el gobierno usó recursos públicos en años anteriores. “Es evidente y está frente a nuestras narices que todas esas malas prácticas que han habido durante los meses de la pandemia y en estado de excepción se van a legalizar” con esta ley, reprochó Ortiz y agregó: “Va ser quizás las nueva forma de usar mal los recursos de la gente”.
Belloso indicó que hay un retroceso al “no dejar como obligación la compra a las PYMES”. Cuestionó que la ley entrará en vigencia 8 días después de su aprobación sin dejar espacio para formar a la gente sobre este tema y pese a que “no se tiene toda la normativa necesaria”. Esto en referencia a la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC) que también tendrá una ley. “Hay muchas cosas de la ley que no se conocen y que hubiera sido bueno verlas de una vez todas”, dijo.