Ernesto Muyshondt es llevado a chequeo médico por orden judicial

En noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió un informe sobre las condiciones de reclusión y de salud del exalcalde capitalino.

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Exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Foto EDH/ Archivo

Por David Marroquín

2021-12-27 2:40:59

El ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt ha sido trasladado del centro penal La Esperanza conocido como Mariona a un centro hospitalario privado para ser sometido a una evaluación médica por orden judicial, según fuentes del referido centro penitenciario.

Las fuentes se limitaron a confirmar la salida del ex alcalde capitalino por orden de uno de los juzgados que procesa a Muyshondt, pero que desconocía si iba a quedar hospitalizado o lo llevarían de regreso al referido penal.

Desde principios de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) investiga las condiciones de reclusión y de salud en las que se encuentra el ex alcalde Muyshondt.

VER: CIDH investiga las condiciones de reclusión y de salud de Ernesto Muyshondt

En ese sentido, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió el 10 de noviembre pasado al juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador que le enviara un informe completo de "cada una de las actuaciones y diligencias judiciales realizadas en cada uno de los procesos en contra del señor Muyshondt; así como, copia certificada de las principales diligencias y actuaciones judiciales que le fundamenten".

También la referida comisión requería que se le "aporte de información puntual sobre la situación de salud del señor Muyshondt; el cumplimiento del tratamiento prescrito para su padecimiento, si se le está administrando de forma idónea y oportuna, copia de la documentación".

Además la CDIH necesita conocer de las medidas actualizadas como evaluaciones, exámenes, tratamientos prescritos, entre otros.

Muyshondt es procesado en el juzgado Segundo de Instrucción por las supuestas negociaciones con pandillas para obtener el apoyo electoral de esos grupos en las elecciones presidenciales de 2014.

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Además tiene otros dos procesos judiciales por la supuesta apropiación de las retenciones tributarias de los empleados de la alcaldía de San Salvador.