La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado a indagar las condiciones de reclusión y de salud en las que se encuentra el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt en el centro penal La Esperanza conocido como Mariona.
La petición de la CIDH forma parte de las diligencias que ha comenzado a gestionar el referido organismo internacional ante la petición presentada por la directora ejecutiva de la organización internacional Casla Institute, Tamara Suju Roa, de que decrete medidas cautelares de protección para Muyshondt con el propósito de garantizarle su vida y su integridad física.
En un escrito enviado el 10 de noviembre pasado por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador se le pide al referido juzgado que le envié un informe completo de "cada una de las actuaciones y diligencias judiciales realizadas en cada uno de los procesos en contra del señor Muyshondt; así como, copia certificada de las principales diligencias y actuaciones judiciales que le fundamenten".
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También la referida comisión requiere que se le "aporte de información puntual sobre la situación de salud del señor Muyshondt; el cumplimiento del tratamiento prescrito para su padecimiento, si se le está administrando de forma idónea y oportuna, copia de la documentación".
Señala la Secretaría General que la CDIH necesita conocer de las medidas actualizadas como evaluaciones, exámenes, tratamientos prescritos, entre otros. Asimismo, ante el "alegato de la dificultad de comunicación del señor Muyshondt con su familia y abogados, detallar las condiciones de su detención".
En el juzgado Segundo de Instrucción se ventilaba el proceso contra el ex alcalde capitalino por las acusaciones de la Fiscalía General de haber negociado con las pandillas para obtener apoyo electoral de esos grupos criminales. Se le procesa por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
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El referido juzgado señala en su informe que desde el inicio del proceso se le otorgaron medidas como presentarse cada 30 días al tribunal y pagar una fianza de $10,000, tras la audiencia inicial realizada en febrero de 2020 por el juzgado Segundo de Paz.
Esas medidas fueron modificadas en audiencia especial por el juzgado Segundo de Instrucción en junio de 2021 al otorgarle arresto domiciliar con vigilancia policial y la colocación de brazalete electrónico.
Pero esa decisión del Segundo de Instrucción no se pudo cumplir porque luego vinieron otro dos procesos judiciales en contra de Muyshondt por los delitos de apropiación indebida de las retenciones tributarias e incumplimiento de deberes en perjuicio del Ministerio de Hacienda. En los dos le decretaron detención preventiva.
Señala el juzgado Segundo de Instrucción que esa sede judicial en ningún momento le decretó la detención preventiva sino más bien medidas cautelares al ex alcalde capitalino, quien actualmente está a la orden del juzgado Octavo de Instrucción.
Recordó el Segundo de Instrucción que ese juzgado ordenó las diligencias necesarias para procurar el bienestar y salud del ex alcalde capitalino al mandar a que se le hiciera el reconocimiento médico de salud de carácter urgente.
Los magistrados anteriores de la Cámara Tercera de lo Penal ordenaron en tres resoluciones de que el ex alcalde capitalino cumpliera arresto domiciliar, pero las autoridades de Centros Penales las incumplió a pesar de ser de estricto cumplimiento, según la ley.
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Los dos magistrados fueron trasladados a otras sedes judiciales, luego de entrar en vigencia el decreto legislativo que obligaba a magistrados y jueces a retirarse a los 60 años de edad o 30 años de servicio.
A principios de octubre, los nuevos magistrados de la referida Cámara que fueron impuestos por la Corte Suprema de Justicia, anularon el arresto domiciliar otorgado por los magistrados anteriores y ordenaron que Muyshondt se mantuviera en detención preventiva en el centro penal La Esperanza conocido como Mariona.