El Instituto CASLA que vela por la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica denunció este martes la negativa de las autoridades de Centros Penales de ofrecer información del estado de salud del ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt a su familia, después del fallecimiento de su padre, Ernesto Muyshondt Parker, el viernes pasado.
La denuncia está contemplada en una carta abierta del referido organismo internacional al presidente Nayib Bukele para que se le garantice su vida y su integridad física.
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“El pasado viernes 29 de octubre, murió el padre del señor Muyshondt, su familia pudo avisarle antes del mediodía de ese día, y desde entonces no han sabido nada de él, ya que le niegan las llamadas telefónicas, por lo que crece la preocupación por su estado de salud, dado su cuadro clínico. Ernesto Muyshondt perdió a su padre y no pudo despedirlo”, señala el referido instituto.
Señala que la carta no es una petición que le hacen a Bukele sino más bien una denuncia pública que le formulan como Presidente de la República, ya que Muyshondt está bajo la custodia del Estado, y es responsabilidad del mismo garantizarle su vida y su integridad física.
Cuestiona que pese a que hubo tres órdenes judiciales para enviarlo a arresto domiciliar no las respetaron, pero “casualmente” fueron revocadas recientemente con el nombramiento de los nuevos jueces y magistrados.
“Usted (a Bukele) debe de conocer perfectamente , dado el seguimiento preciso que le ha dado al caso, la publicidad y la exposición al escarnio público de la que ha sido víctima el señor Muyshondt, violando claramente sus derechos humanos y en especial, su derecho a la presunción de inocencia y a ser tratado con dignidad”, señala.
Cuestiona además “el grave deterioro físico, con pérdida de peso, con episodios de depresión, desorientación y ataques de pánico que le ha provocado un acelerado deterioro emocional”.
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A esa situación se le suman los “tratos crueles, inhumanos, degradantes a los que es sometido en los traslados y en el sitio donde permanece detenido, además de mantenerlo incomunicado de sus familiares, llegando incluso a rogar para que le permitan hacer una llamada telefónica. Así tratan de humillarlo”.
Copia de la carta que firma la directora ejecutiva del organismo, Tamara Sujo Roa fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que ha solicitado medidas cautelares de protección para el ex alcalde capitalino.
El Instituto CASLA tiene como objetivo monitorear el estado de la democracia en Latinoamérica. Al mismo tiempo busca sensibilizar a la opinión pública acerca del estado de los derechos humanos en la región, según el referido organismo.