La defensa del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía para realizar un procedimiento abreviado, pero no lo logró.
Un procedimiento abreviado permite que se reduzca la pena de prisión para el procesado a cambio de confesar el delito.
El abogado defensor, Mario Héctor Salazar, explicó previo al juicio, que buscaban un proceso abreviado, debido al tiempo que el procesado ha estado en la cárcel.
“Tomando en cuenta la pena que le impongan, él ya tiene más de 15 años de estar detenido, lógicamente no llegamos a nada (al juicio), prácticamente solo para resolver la situación jurídica”, alegó.
Sin embargo, horas más tarde, Maritza Ayala, también defensora de Silva, explicó que no se logró el acuerdo, porque la Fiscalía solicitó un pago en concepto de responsabilidad civil.
“La Fiscalía pretendía que se le condenara en responsabilidad civil por 14 millones de dólares y mi representado no dispone ya de esa cantidad, debido a la incautación que el mismo Estado hizo a sus propiedades” expresó la abogada.
Juicio en procedimiento normal
En la primera etapa del juicio, la defensa solicitó la libertad condicional del acusado. Los abogados argumentaron que en el caso del exdiputado Silva, ya fue excedido el plazo máximo de 24 meses que la ley establece para que una persona permanezca detenida sin ser juzgada.
Sin embargo, el Tribunal tomó en cuenta dos decretos en los que se establece la suspensión de plazos procesales debido a la pandemia del COVID-19 por lo que consideró que aún faltan 81 días para que se venza el plazo.
Por su parte, la Fiscalía explicó que solicitará la pena máxima por cohecho activo y lavado de dinero, los delitos de los que se acusa al exdiputado Silva.
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"Al final de esta vista pública consideraríamos que debe ser condenado 25 años de prisión y el pago de alrededor de 14 millones de dólares por responsabilidad civil" declaró uno de fiscales del caso.
El exdiputado suplente Roberto Silva es señalado por la Fiscalía de sobornar alcaldes para obtener fondos públicos de manera ilegal e introducir al sistema financiero aproximadamente $14 millones.
Según la acusación, entre 2004 y 2006 Silva realizó negociaciones con diferentes alcaldes por medio de dos sociedades constructoras de su propiedad, en las que ofrecía realizar proyectos y obras en los municipios sin pasar por el procedimiento que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, Lacap.
"Realizaba negociaciones ilícitas a cambio del 10% para que se le adjudicaran las obras. Estas eran pagadas con el FODES, vulnerando el procedimiento de la Lacap para efecto de la adjudicación, es decir no llamaban a una oferta. Todo se manipulaba a través de una empresa fachada", explicó Rafael Zelaya, uno de los fiscales del caso.