Para el fiscal general, Rodolfo Delgado, una ley de justicia transicional debe tener garantías del debido proceso debido ya que no se trata de alcanzar "venganzas".
Así lo dijo este lunes en la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa donde asistió para dar insumos a la redacción de una propuesta del oficialismo sobre un proyecto de Ley de justicia transicional.
La comisión tiene sobre la mesa una iniciativa de la sociedad civil, que es el resultado de consultas con asociaciones y comités de víctimas a nivel nacional, la cual cumple con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en su sentencia de julio de 2016, y con los estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Sin embargo, el oficialismo se ha negado a discutirlo y han optado por trazar su propia ruta respecto a la elaboración de tal propuesta de ley.
Al respecto, el fiscal Delgado consideró este lunes que debe haber medidas alternativas y claridad en cómo deben ejecutarse los procesos. “Tiene que garantizarse a las víctimas que por colaborar dentro del proceso penal no se le va a causar daño, no se le va a señalar, no se les va a instrumentalizar para cualquier fin, por el hecho de haber sufrido algún evento durante el conflicto armado”, dijo.
Añadió: “Creo que se tiene que considerar todas las garantías del debido proceso para las personas que sean acusadas en virtud de las disposiciones que pueda contener esta ley, porque no se trata de una venganza, se trata de llegar a establecer la verdad y señalar a quienes fueron los responsables de los distintos hechos criminales”.
Necesitamos claridad y que existan reglas directas hacia a los jueces porque la casuística día a día en los tribunales, los diferentes criterios judiciales han provocado una falta de claridad hacia a las víctimas sobre cómo se va a desarrollar el proceso, una falta de claridad también hacia los imputados, existen conflictos de leyes que lo único que hacen es retrasar innecesariamente los procesos
Enfatizó que es necesario tener reglas procesales adaptadas a la realidad actual y con claridad. “Necesitamos claridad y que existas reglas directas hacia los jueces porque los distintos criterios judiciales en algunas ocasiones han provocado falta de claridad en las víctimas de cómo se va a desarrollar el proceso. Existen conflictos de leyes que lo que hacen es retrasar los procesos”, indicó.
“Si eso se deja bien claro en una eventual ley, eso sería el primer paso para arribar en una verdadera justicia transicional”, agregó.
21 casos de crímenes de guerra en proceso judicial
El Fiscal detalló que tienen 213 casos relacionados al conflicto armado bajo investigación y de estos, 21 están en proceso judicial.
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“Tenemos que considerar que en la actualidad tenemos 21 casos judicializados, los cuales están actualmente en trámite y esos son otros de los casos que ustedes como diputados tiene que considerar, puesto que en estos casos judicializados están la mayoría de casos que fueron mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad”, planteó.
A petición de la diputada Claudia Ortiz de Vamos, el fiscal especificó cuales son los casos de violaciones a Derechos Humanos cometidos durante la guerra que se encuentran judicializados hasta este momento.
“En primer lugar, la denominada masacre El Calabozo, Las Hojas, el caso de periodistas holandesas, el derribamiento del helicóptero por miembros de la facción Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el caso de Monseñor Romero, el denominado asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboras, el caso de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y la masacre del Rio Sumpul”, dijo el funcionario.
Añadió: “El caso de San Francisco Guajoyo , el caso de El Mozote, la ejecución sumaria de alcaldes del Partido Demócrata Cristiana (PDC), tenemos el caso Ventura y Mejía, el caso Viera y Hammer que son secuestros, el caso de la enfermera Begoña García Arandigoyen, la bomba de Fenastras, el caso del asesinato del exfiscal Alvarado, la profesora Kenedy, el caso de la Zona Rosa y hay dos casos más, uno en contra de una familia y de una víctima que no vamos a mencionar los apellidos por obvias razones”.
“Cada uno de estos casos representa algún tipo de patrón criminal que se dio durante la guerra, bien en ejecuciones sumarias o en graves afectaciones de derechos humanos”, manifestó.
Por otra parte, Delgado enfatizó que se están sumando cada día más personas que fueron afectadas en el conflicto armado, “por eso mencionaba que es importante hacer una definición de quien se considerara una víctima de los hechos acaecidos durante el conflicto”.