El juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Antonio Durán, quien ha liderado las protestas de jueces y magistrados contra las acciones del gobierno Bukele, denunció el domingo por la noche acoso policial y militar en las afueras de su vivienda.
"Desconozco si hay orden de captura. Por de pronto, estamos bien", escribió el juez.
El pasado viernes, Durán, acompañado de otros jueces y juezas, leyó un comunicado en el que se informaba que han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea y a Bukele por la sanción y publicación del Decreto Legislativo 144 que contiene reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Durán, quien ha sido una de las voces más críticas en contra de la destitución de magistrados y reformas a la Ley de Carrera Judicial, hizo la denuncia a través de su cuenta de Twitter y posteriormente brindó declaraciones a través de un Space en dicha red social.
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"Este tipo de hostigamiento puede ser considerado delito", manifestó Durán. "Definitivamente me estaban buscando. Descarto que haya orden de captura. Quisieron hacer una labor de amedrentamiento", denunció a través del Space.
Además, insistió en no permitir los ataques a la independencia judicial: "No tenemos separación de poderes, tenemos una Sala inconstitucional desde su origen y hasta el tipo de decisiones que toman (...). Estos señores vienen a interpretar. No podemos doblegarnos y entregar lo que queda del Estado Derecho".
El juez Durán también defendió el derecho a manifestarse de miles de ciudadanos que salieron a las calles el 15 de septiembre: "(Ese día) andábamos defendiendo la República y la Constitución, y eso no es delito".
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC), se pronunció en Twitter tras la denuncia del juez Durán y manifestó: "El Ejecutivo utiliza a las Fuerzas Armadas para amedrentar a jueces de la República. Los 80s están de vuelta: militares utilizados contra civiles, desarmados e incómodos al poder. ¿Cómo no hablar de dictadura en #ElSalvador?"
Al acoso que denuncia el juez Durán se suma que, a principios de septiembre, la Fiscalía General de la República liderada por un fiscal impuesto por el oficialismo citó a uno de los jueces que le puso rostro a la primera protesta contra el golpe a la independencia judicial. Se trata de José Alberto Franco Castillo, juez de Sentencia de Santa Tecla, quien dijo desconocer el motivo del citatorio.
Desde el pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados que conformaban la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por abogados afines al Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Además, Cristosal ha pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas provisionales consistentes en solicitar al Estado salvadoreño que suspenda la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que ordena la destitución de jueces y magistrados de segunda instancia mayores de 60 años o que hayan cumplido 30 años o más en el ejercicio de sus funciones.
Según los jueces, con la reforma se afectaría a 249 jueces y magistrados, violándoles varios derechos humanos y laborales. Además, que la destitución o retiro de dichos funcionarios afectaría a la población en el sentido de que los jueces no tendrían independencia para resolver procesos judiciales por temor a ser removidos o destituidos.
El decreto que contiene las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que ha sido sancionado y publicado, entraría en vigencia el próximo 25 de septiembre.