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Instituciones son usadas para perseguir a defensores de derechos, afirman expertos
Varios defensores de derechos humanos y voces expertas coinciden en que el Estado hace uso y abuso de las instituciones de gobierno para perseguir a defensores y a voces críticas.
Representantes de varias organizaciones de derechos humanos coinciden en que el aparataje público es usado para perseguir a los defensores de derechos humanos y voces críticas en El Salvador.
El director de Litigio Estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, explica que el concepto de "defensor de derechos humanos" es bastante amplio y no se limita a los miembros de organizaciones gubernamentales o una persona promotora de ellos, sino que lo es toda persona que promueve la defensa de derechos humanos.
Ábrego detalló a El Diario de Hoy que en los últimos tres años, a partir del conocimiento de casos y de monitoreo que han realizado a la situación de derechos humanos, hay una tendencia a una mayor criminalización por parte del Estado hacia algunos actores.
"Esto comenzó más visiblemente contra cierta oposición política, partidos políticos; pero en los últimos años se ha ido ampliando hacia periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y, efectivamente, ya el tipo de persecución que existe contra estos grupos ya no solo se limita a ataques de redes sociales o a las amenazas, sino que ya ha trascendido hacia la criminalización que es cuando se usa el aparato judicial para perseguir y criminalizar", lamentó.
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Añade que hay personas que por su rol de crítica y que tienen algún nivel de exposición pública pueden ser sujetos o han sido sujetos de este tipo de criminalización.
Ante esta situación, el especialista advierte que ahora es posible que cualquier ciudadano que en algún momento emita críticas, señalamientos o denuncias contra funcionarios públicos o contra el Estado pueda ser sujeto de este tipo de patrones de criminalización.
"El derecho a defender derechos humanos está reconocido en tratados universales, el hecho de defender derechos no es un delito, lamentablemente en el país parece serlo, por eso se tiende a criminalizar", destacó.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Héctor Carrillo, señala que la instrumentalización del aparato estatal en detrimento del principio de legalidad de la administración pública es algo que ha ocurrido en todas las gestiones gubernamentales y que es una de las cosas que se pretendía resolverse con los Acuerdos de Paz.
Con el actual gobierno no es algo nuevo, pero sí parece ir en incremento. Carrillo expone que ya en 2021 habían denuncias de capturas y procesamiento de personas defensoras del agua en Ahuachapán, en 2023 defensores que luchan contra la minería metálica en Cabañas y defensores de derechos laborales y sindicales en San Salvador y San Marcos, casas de periodistas allanadas en 2024, por mencionar algunos ejemplos.
Carrillo recordó que el sistema de monitoreo de FESPAD registró 142 casos de vulneraciones al espacio cívico en 2024, entre los que habían 16 casos de "investigaciones y acusaciones indebidas".
"Un hecho particular de esa tendencia en la actual gestión gubernamental es la casi absoluta inoperancia de las instituciones que deberían corregir esos abusos. No es que en el pasado fueran totalmente eficaces, pero había mejores condiciones para detener extralimitaciones que ocurrían por errores o con malas intenciones", señaló el director de FESPAD.
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En esa misma línea, el especialista advirtió que los casos que se han conocido públicamente indican que las instituciones en El Salvador no tienen capacidad de detener una acción que venga del Ejecutivo y que constituya un error, una vulneración legal o una arbitrariedad.
"Todos y cada una de las personas en El Salvador estamos a merced de lo que se ordene desde el Ejecutivo. Como están las cosas, depende del Ejecutivo si respeta o no la opinión de cualquiera en relación a la gestión pública. Esa es la realidad", reflexionó Carrillo.
Por su parte, Omar Francisco Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), señala que el aparato del Estado es represivo y no está en la lógica de perseguir el delito, sino más bien en la lógica de perseguir a quienes denuncian los abusos que comete el gobierno.
"Cada vez va quedando más clara la utilización y manipulación de las instituciones del Estado para perseguir a líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. Ese ha sido el sentido principal por el cual se ha sostenido de manera prolongada el régimen de excepción por más de tres años", argumentó.
Parada ejemplificó con el caso de Geovanni Antonio Aguirre López, un sindicalista de la Alcaldía de San Salvador que fue detenido en mayo de 2022 "de manera ilegal y arbitraria" días después de asistir a una marcha.
Asimismo, recordó los casos del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz (que están por cumplir ya un año en prisión) o el caso de la persecución hacia los defensores de derechos humanos Ivania Cruz y Rudy Joya, abogados que denunciaron las violaciones a derechos humanos por este gobierno.
Para el representante de la organización ciudadana, "cualquier persona puede ser víctima de las acciones represivas del gobierno".
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"Eso lo demuestra las cientos de madres que tuvieron que organizarse en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción para exigir la liberación de sus seres queridos arrestados de manera arbitraria y que aún siguen en prisión sin habérseles demostrado que son parte de algún grupo delincuencial", sostuvo Parada.
Seguimiento y acoso
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) argumenta que todo el sistema de gobierno está enfocado en la persecución de defensores.
"Si uno va a una instancia de gobierno ahí está la policía tomando fotos, tomando datos, el número de Documento Único de Identidad, desde adentro la gente toma fotos también", contó.
"Cualquier institución que se visite ya está la UMO, todo el aparataje del régimen esperando a la gente para que no se tenga acceso libre a esos lugares. Aquí hay un acoso para los movimientos, para la gente organizada, eso está en todas las organizaciones, ninguna se salva", describió también.
Ramírez contó que como movimiento afrontan provocaciones "de gentes enviados por el régimen", entre toma de fotografías y ataques verbales.
Considera que este acoso y persecución a defensores próximamente podría incluso ser contra cualquier ciudadano que tenga la osadía de emitir una opinión que no sea del agrado del gobierno.
"Vamos para eso, ese tipo (Bukele) no se detiene, ahora está más desesperado, porque por más que quiera vender cortinas de humo, ya la gente no se traga el anzuelo. La última alternativa que queda es la calle, una buena acción masiva ciudadana en la calle", indicó Ramírez.
El analista político Ramiro Navas afirmó que la persecución es un signo distintivo de esta administración y que hay un "uso y abuso" de las instituciones públicas para perseguir a las voces críticas.
"En el proceso acelerado en que han ido tomándose el Estado ha ido quedando claro que la argolla de poder que está en Casa Presidencial ocupa todos los recursos que tiene a su disposición para intimidar y amedrentar a las personas y grupos que piensan diferente", señaló.
Para Navas el objetivo del gobierno es generar miedo a quienes emiten críticas, aunque destaca que las personas defensoras de derechos humanos tienen precaución, saben que las condiciones pueden llegar a una persecución mayor.
El informe de la situación de derechos humanos 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica la importancia de un marco jurídico para la protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos y de una política integral de protección a su favor, lo cual el estado salvadoreño aún no ha cumplido.
Casos recientes
Este mes mientras Cristosal, organización defensor de derechos, emitía una conferencia de prensa, policías entraron al recinto a tomar fotografías. Asimismo, miembros de la UMO han tomado fotografías a sus abogados cuando dan conferencias de prensa en espacios públicos.
Además, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado emitió una orden de captura en contra de los abogados defensores de derechos humanos, Ivania Cruz y Rudy Joya.