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Por inconstitucional y violar derechos humanos, abogados rechazan ampliación del régimen de excepción 

Según juristas, el oficialismo no ha justificado necesidad de prorrogar suspensión de derechos.

Por Milton Rodríguez/ Eugenia Velásquez | May 24, 2022- 21:00

Imagen ilustrativa. Foto EDH/ Archivo

Abogados y defensores de derechos humanos rechazan de manera contundente la posible extensión del régimen de excepción por un mes más. Ellos afirman que no tiene fundamento y que hacerlo iría contra lo que dicta la Constitución.

Los expertos dieron estas declaraciones ante la posibilidad de que, a petición del Consejo de Ministros de Nayib Bukele, se tramite una nueva ampliación de esta medida que vence el 26 de mayo a las cero horas en la sesión plenaria programada para este 25 de mayo.

Este decreto, aprobado inicialmente el 27 de marzo y prorrogado el 24 de abril, suspende los derechos de libre asociación, inviolabilidad de las comunicaciones y defensa ante detención. Además extiende el periodo máximo de detención administrativa de 3 a 15 días.

De hecho, algunos diputados del oficialismo y aliados ya han expresado públicamente que apoyan la extensión de tales disposiciones que han sido duramente criticadas por expertos en derecho constitucional y en derechos humanos.

“No hay fundamento legal”

Ruth Eleonora López, jefa Anticorrupción de Cristosal y abogada constitucionalista, advirtió este martes que no hay “fundamento legal” para ampliar por un tercer periodo ese estado, el cual según cifras del gobierno ha llevado a la cárcel a más de 30,000 personas acusadas por las autoridades de seguridad de pertenecer a pandillas y de haber cometido delitos bajo esa figura.

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“La existencia de un tercer periodo del régimen de excepción es algo anunciado, yo podría decirles además que habrá un tercero, cuarto, quinto, sexto régimen de excepción, mientras el régimen del presidente Bukele así lo estime”, aseguró López.

Según dijo, esto lo seguirá haciendo independientemente de si hay fundamento legal o no, pero enfatizó que evidentemente a la luz de los artículos 29 y 30 de la Constitución de la República no lo hay.

A juicio de López , si quisieran aprobarlo “debería de haber un nuevo decreto con la evaluación de la situación”. Recordó que el decreto original surgió ante un despunte descontrolado de homicidios entre el 25 y el 27 de marzo, una situación que ya no está sucediendo.

Una medida política

Oswaldo Feussier, abogado penalista y catedrático de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) expresó que desde el momento en que se logró controlar el aumento de homicidios que sucedió a finales de marzo, “el régimen de excepción perdió todo tipo de justificación, si es que en principio la tuvo”.

El académico subrayó que el mantenimiento del régimen es “innecesario, y por ser innecesario es inconstitucional y contrario a los estándares mínimos en materia de respeto a los derechos humanos”.

“Su mantenimiento solo responde como medida paliativa de tipo político frente al evidente fracaso del plan control territorial, y como cortina de humo por las recientes revelaciones que hizo el periódico digital El Faro, que demostró con audios la existencia de negociaciones entre pandillas y personeros de alto nivel del gobierno”, señaló Feussier a este medio.

No se cumplen las circunstancias

José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), recordó que el régimen de excepción es una medida extraordinaria utilizada precisamente con la finalidad de preservar el Estado de derecho, la propia Constitución y los derechos de la ciudadanía.

“Esas circunstancias no se cumplieron ni siquiera al aprobarse en el primer decreto del 27 de marzo pasado, ni en la primera prórroga y menos en esta segunda que ya decidieron aprobar mañana (hoy) por evidente instrucción presidencial”, indicó.

La Constitución, en su artículo 31, contempla esta excepción como una medida que debe finalizar al momento que la emergencia que la generó deje de existir.

Una situación de lesa humanidad

Según datos oficiales, hasta el 23 de mayo ya se han realizado 34,216 capturas. Hasta esta misma fecha el sistema de registro de casos de violaciones de derechos humanos de Cristosal ha recibido casi 700 denuncias, en su mayoría sobre detenciones arbitrarias.

Al respecto, Celia Medrano, excandidata a Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “una nueva prórroga del régimen de excepción, pese a su clara inconstitucionalidad, evidenciaría lo que ya varias personas defensoras de derechos humanos han señalado: se trata de convertir la excepción en norma”.

Además afirmó que se están configurando elementos que fortalecen un proceso internacional contra el Estado salvadoreño y favorecen un rol más activo desde la comunidad internacional.

“Si un Estado no es capaz de garantizar proteger a su propia población ante una crisis humanitaria como la que se esta desarrollando en el contexto del régimen de excepción, particularmente en centros penales, y, por el contrario, es el Estado mismo el actor principal de el riesgo al que esta sometida su población, a nivel internacional se cuenta con un mayor margen y obligación para activarse”, concluyó la experta en derechos humanos.

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