La directora del Seguro Social, Delmy Cañas de Zacarías; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé; y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes no asistieron este jueves a la convocatoria que les habían hecho los diputados para que aclararan sobre la controversia sobre quién debe pagar las planillas a quienes estén en cuarentena domiciliar obligatoria. Según el decreto de estado de emergencia, el ISSS cubrirá este pago, pero el Gobierno dice que deben ser las empresas privadas.
En torno a ese tema hay una gran incertidumbre en la ciudadanía, pues el artículo 5 del decreto de emergencia vigente desde el pasado 14 de marzo establece que el Seguro Social se hará cargo de pagar el salario de las personas en “cuarentena”, ya que se tomarán como una “incapacidad médica”. La vigencia del decreto finaliza el 14 de abril.
MAPA: Hay 3,450 salvadoreños en el extranjero sin poder retornar por pandemia de coronavirus
“Las cuarentenas ordenadas por la pandemia de COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones, y Licencias de los Empleados Públicos. En este caso el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora con cuarentena…”, reza el artículo 5.
Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, emitió posteriormente una resolución del Ministerio de Salud en el que obliga a los empresarios a pagar los sueldos de sus empleados, mientras el sector privado reclama que debe atenerse a lo que dice el decreto.
Bukele ha reiterado que hacerlo implicaría “quebrar al ISSS” y exige a los empresarios pagar las remuneraciones. Abogados constitucionalistas como Francisco Bertrand Galindo argumentan que eso es “inconstitucional” y que se debería buscar un “equilibrio” a través del diálogo entre gobierno y empresas.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, explicó que los funcionarios del ISSS, de Economía, de Hacienda y de Trabajo no se presentaron, pese a que la noche del miércoles confirmaron que asistirían. En vez de eso, los funcionarios enviaron una carta en la que expresaron que no podían llegar porque fueron llamados de forma “urgente” a Casa Presidencial. El objetivo de la visita era encontrar una salida técnica a este impasse.
Este día tampoco asistirá la canciller Alexandra Hill Tinoco a la cita que había confirmado con los legisladores, con el fin de discutir las medidas a implementar para facilitar el retorno de 3,450 salvadoreños que se han quedado varados en 43 países del mundo a raíz de la pandemia.
La canciller fue convocada para hoy a las 10 a. m., pero el diputado Norman Quijano, de ARENA, informó ayer que ella envió una carta a la Asamblea disculpándose pues no “tenía tiempo” de asistir.
Para aliviar la angustia de los compatriotas que están regados en varios países sin tener medios de cómo regresar a El Salvador por las restricciones de tránsito aéreo, terrestre y marítimo a nivel mundial, los diputados avalaron el miércoles disposiciones transitorias para permitir su ingreso por cualquier medio, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios de prevención emitidos por el Ministerio de Salud y “a la capacidad instalada que tenga el país con respecto a la disponibilidad de centros de cuarentena”.
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Este fue uno de los casi veinte decretos que fueron aprobados por los diputados la noche del miércoles. Entre estos había medidas para facilitar líneas de crédito, activar la operatividad de empresas de alimentos y bebidas para garantizar la seguridad alimentaria, cobertura del ISSS para empleados cesados por incapacidad de los patronos de pagar sus salarios, así como recomendables al Ejecutivo y a los Ministerios de Salud y Gobernación.
Al respecto, Bukele tuiteó ayer: “ACLARACIÓN: NINGUNA de las reformas o decretos aprobados ayer por la Asamblea cuentan con mi sanción y por lo tanto NO TIENEN VIGENCIA. Cualquiera que, basado en información tendenciosa, intente violar la ley “amparándose” en un decreto NO VIGENTE, será sancionado”.
Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, criticó la decisión de Bukele de “antojadiza” y “descalificativa” de las acciones legislativas.
Diputados buscan cobertura de ISSS y de alimentos
Una veintena de decretos, entre ellos, recomendables al Ejecutivo y a varios Ministerios fueron aprobados por la Asamblea el miércoles en la plenaria. A todos ellos, el presidente, Nayib Bukele, respondió vía Twitter que nadie se puede amparar en estos mientras no los sancione.
Empresas de alimentos y de bebidas deben seguir operando
Los diputados aprobaron una reforma al decreto de emergencia 593 aprobado por el Órgano Legislativo el 14 de marzo para agregar un inciso al artículo 2 literal “f” así: “La seguridad alimentaria es un Derecho Humano, por tanto, todas las empresas de alimentos y bebidas, incluyendo su cadena de producción, distribución, abasto y suministro, deben mantener sus operaciones y están habilitados para elaborar y garantizar su contribución de valor nutricional a la alimentación…”.
Préstamo de $42 millones del JICA serán reorientados
En 2017 el gobierno suscribió un préstamo “contingencial para la recuperación ante desastres naturales” con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por cinco mil millones de yenes, que son aproximadamente $48.6 millones. Ese dinero se destinó al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) creado en 2005. Los diputados avalaron reorientar de esos fondos $42 millones para la emergencia causada por la pandemia del COVID-19.
Isss para empleados cesados por la emergencia
La Asamblea autorizó disposiciones transitorias para que los trabajadores que al momento de la entrada en vigencia de la emergencia por la pandemia tuvieran 15 días de estar desempleados o que hayan sido afectados por la suspensión del contrato laboral en la vigencia de la emergencia o pierdan su empleo en el transcurso de esta, independientemente de que los patronos hayan cumplido o no con el pago de las cotizaciones del Seguro, sigan teniendo cobertura médica del ISSS.
Disposiciones para facilitar el retorno de ciudadanos
Las medidas van encaminadas a que el gobierno proporcione a los salvadoreños que se han quedado varados en distintos países soluciones o mecanismos que les facilite su regreso a El Salvador, sin importar su condición migratoria, y que al momento de la declaratoria de emergencia se encontraban fuera del país. Todo de acuerdo a la capacidad de albergues del gobierno. Piden se les facilite medios de transporte para volver y que se sigan los protocolos de atención sanitaria.
Dotar a médicos de insumos adecuados y seguro de vida
El decreto establece que es prohibido “utilizar solo trajes quirúrgicos o batas verdes o zapateras para atender a los pacientes con COVID-19”. Los equipos usados por médicos deben ser los recomendados por la OPS/OMS. Obligan al gobierno a dotar de seguro de vida a los médicos y a los estudiantes en su año de Internado Rotatorio. También se prohíbe que los trabajadores de la salud que no hayan sido debidamente capacitados atiendan a sospechosos o positivos del COVID-19.