Se frustra reunión entre diputados y funcionarios para definir pago a empleados en cuarentena

Un llamado "urgente" de Casa Presidencial evitó que la titular del ISSS y los ministros de Hacienda, Trabajo y Economía acudieran hoy a una reunión con la Comisión Política.

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Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Foto EDH/ archivo

Por Diana Escalante

2020-04-02 12:48:21

La reunión que tendrían hoy los diputados de la Comisión Política con representantes de micros, pequeñas y medianas empresas y la titular del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), así como de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía, se fustró porque los funcionarios enviaron una carta a la Asamblea Legislativa en la que expresaron que no asistirían porque fueron llamados de de forma “urgente” a Casa Presidencial.

El presidente del Congreso, Mario Ponce, explicó que los funcionarios no se presentaron, pese a que la noche del miércoles confirmaron que asistirían.

Estaba previsto que en la Comisión Política se analizara el artículo 5 del decreto de emergencia nacional enviado por el Ejecutivo, el cual establece, en su artículo 2 inciso tercero, que es el ISSS quien cubrirá el subsidio de los trabajadores que están en cuarentena domiciliar para prevenir la propagación del coronavirus.

“Ahí hay un problema real que tienen las pequeñas empresas, que no van a subsistir un tiempo tan largo para poder operar. Por eso la Comisisón Política tomó a bien que nos reuniéramos para poder hacer valoraciones, no para imponer porque estamos en la disposición de colaborar con el Ejecutivo en todo aquello que vaya encaminado a resolver los graves problemas producto de la pandemia”, señaló Ponce.

El miércoles, el diputado de ARENA, Norman Quijano, explicó que si bien en el decreto que la Asamblea aprobó, la semana pasada, para que el Gobierno obtenga $2,000 millones en más deuda, para paliar la crisis causada por la pandemia, se estableció que de ese dinero se le podía inyectar fondos al ISSS “todavía hay mucha incertidumbre entre los trabajadores”.

En el inciso final del artículo 11 de dicho decreto se especifica que los fondos servirán “para un programa de subsidio de pago de planilla de empleados que se vean afectados por la declaratoria de Emergencia Nacional y Cuarentena Nacional y sus efectos”, entre otras cosas.

Ponce aclaró, el miércoles, que el tema se ha debatido en la Comisión Política pero no se ha llegado a ninguna resolución ni se ha decidido reformar el artículo 5. Él reiteró que pretender hacer lo que los diputados de ARENA y el FMLN aprobaron la semana pasada sería un “fraude de ley”.

Este tema generó un amplio debate, la semana pasada, luego de que ARENA asegura que es el ISSS el que debe pagar los salarios de las personas que por obligatoriedad del Ejecutivo han tenido que quedarse en sus casas sin poder ir a trabajar para guardar cuarentena.

Por el otro lado, el presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que los patronos deben cancelar el sueldo de todos los empleados del sector privado que están en “cuarentena domiciliar” decretada por el Ejecutivo desde el 21 de marzo.

Los dirigentes empresariales agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) han expresado que el sector privado no podrá subsistir mucho tiempo sin tener ingresos, especialmente los micro y pequeños empresarios, con la obligación de pagar los salarios de sus empleados, por lo que han solicitado al Gobierno tomar medidas de “proporcionalidad” en cuanto a la cuarentena.

La Asamblea aprobó una interpretación auténtica del decreto, pero el mandatario anunció que lo vetaría, por lo que los legisladores decidieron anular esa acción y enviar a estudio la reforma de dicho decreto a la Comisión de Legislación.

Según la resolución del Ministerio de Salud, emitida luego de la aprobación del decreto de emergencia, el ISSS solo está obligado a pagar las remuneraciones de las personas que fueron enviadas a albergues para guardar cuarentena, ya que venían de otros países y no a quienes por violar dicha la “cuarentena domiciliar” han sido enviados a centros de retención y a los trabajadores que por restricción del decreto de excepción no pueden salir de sus casas a laborar.