La bancada legislativa del Presidente Nayib Bukele ha entrado de lleno a la discusión del anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros que presentó el martes por la noche el ministro de Gobernación Carlos Bidegain.
El funcionario llegó un día después a explicarle a los diputados de Nuevas Ideas la intención de la ley y ayer le tocó el turno al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y al Fiscal impuesto, Rodolfo Delgado.
Zelaya le explicó a los diputados el mecanismo de retención del 40% de cada desembolso que haga una institución o gobierno extranjero a organizaciones de la sociedad civil, el cual ha sido considerado “confiscatorio” por abogados y inclusive como una forma de acallar voces críticas al oficialismo. Así han opinado el director de Acción Ciudadana Eduardo Escobar y el constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.
Zelaya explicó que no serán las ONG las encargadas de pagar ese impuesto a fin de año, sino que serán los bancos de forma automática los que retendrán ese 40% a cada desembolso que un “agente extranjero” haga a sus contrapartes locales.
El impuesto será destinado a un fondo especial del Ministerio de Hacienda para proyectos de desarrollo social en los rubros de Educación y Salud.
“Teniendo ese registro de agentes extranjeros podremos verificar qué instituciones ejecutan una acción de intervención en el territorio, con injerencia o asesoría. La asesoría no está prohibida, pero debe pagar impuestos”, dijo el ministro Zelaya a los diputados.
Recomiendan sanciones
El fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, sugirió a los diputados de la comisión que se establezcan sanciones para las oenegés que incumplan con la Ley de Agentes Extranjeros y no se inscriban en el registro que esta estipula y el cual estará a cargo del Ministerio de Gobernación.
“Yo sugeriría que se establezca un plazo o sanción de naturaleza pecuniaria para que las organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que funcionan en el país puedan registrarse a la brevedad posible. Consideramos que si vamos a imponer una obligación también hay que señalar una sanción por su incumplimiento”, indicó.
Según expuso, las sanciones irían en dos vías: imposición de multa y cancelación de la organización sin fines de lucro.
También recomendó que se adecue la normativa al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El funcionario, además, planteó a los legisladores algunas observaciones a la redacción de la propuesta de ley que consideró podría mejorarse y se comprometió a hacerlas llegar a la comisión.
Los diputados retomarán la discusión de la iniciativa el próximo lunes 15 de noviembre.