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Miguel Vivanco: La ley de Agentes Extranjeros restringe derecho a libre expresión

El director para las Américas de Human Rights Watch, también advierte que El Salvador incumpliría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por el gobierno salvadoreño.

Por Eugenia Velásquez | Nov 12, 2021- 12:45

José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch. Foto EDH / AFP

Como un instrumento más para callar las voces disonantes al gobierno salvadoreño y ahora ampliado a “restringir gravemente” el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil, calificó el director para las Américas de Human Rights Watch, la reciente propuesta hecha por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, de crear una Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

“Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al poder Ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas. De aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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Además, expresa que la ley limita ampliamente las actividades en las que pueden participar las organizaciones y personas consideradas como “agentes extranjeros”, ya que la iniciativa contempla la exigencia de un impuesto del 40% de los fondos que reciben en concepto de donación so pena de ser sancionados con multa o la cancelación de su personería jurídica.

Vivanco añade que esa disposición contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos Tratados ratificados por El Salvador.

En esos instrumentos legales se establece que las leyes solamente podrán limitar los derechos a la libertad de expresión y libertad de asociación cuando ello resulte necesario y proporcional para conseguir un fin legítimo, como la protección de la seguridad nacional o los derechos de los terceros.

“El proyecto incluye numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para restringir el trabajo de las organizaciones la sociedad civil y los medios independientes y limitar su acceso a fondos”, señaló Human Rights Watch.

VER: Ley de Agentes Extranjeros es “extorsión para la comunidad internacional”, dicen abogados

Expresan que el proyecto sobre “agentes extranjeros” es la última de una serie de medidas del gobierno de Bukele orientadas a intimidar y hostigar a organizaciones de la sociedad civil.

La entidad recuerda que el gobierno de Bukele ha emprendido una serie de acciones para limitar el trabajo de la prensa independiente, por ejemplo, cuando en septiembre de 2020 anunció una investigación penal en contra del periódico digital El Faro por presunto “lavado de dinero”

Luego en mayo pasado la Asamblea conformó una comisión especial para investigar la aparente asignación de fondos públicos a ONG, en un esfuerzo por atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil, acusándolas de “corruptas” sin ofrecer pruebas contundentes que sustenten esos señalamientos.

Human Rights Watch expres que en otros países como Rusia y Nicaragua se han usado leyes similares para silenciar a la sociedad civil, a pesar de que el Parlamento Europeo condenó la ley adoptada por Rusia, la cual es objeto de varias demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La SIP también rechaza la propuesta de ley

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificó de “severa limitación para el funcionamiento de medios críticos y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos”, la propuesta de Ley de Registro de Agentes Extranjeros del gobierno de Bukele.

Según la SIP, esa iniciativa de ley es una especie de “mordaza” para los contralores de la función pública independientes y pone en el blanco a las instituciones que transmiten “cualquier material informativo físico, electrónico o digital”, que no esté alineado con el gobierno.

La SIP alertó este año sobre el resurgimiento de la tendencia de países totalitarios como Nicaragua y Venezuela de crear leyes o desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, con el ánimo de limitar sus operaciones y actividades.

“La propuesta imita y profundiza la ley nicaragüense de reciente creación, que el gobierno de Daniel Ortega utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes. Se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor”, expresó el presidente de la SIP Jorge Canahuati.

La SIP advirtió en abril que crear este tipo de leyes violan pactos políticos y la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos.

Señala que los Estados deben abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos, al contrario deben permitir y facilitar el acceso de esas organizaciones a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional en condiciones de transparencia.

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