El debilitamiento, la neutralización y el desmatelamiento del Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP), es un indicio de los intereses de comisionados afines al gobierno para “debilitar los derechos de las personas’’, puesto que se les inhibe de conocer, ejercer y exigir el Derecho de Información. Eso consideran cuatro fuentes expertas en el tema.
“Está neutralizado, se ha bloqueado cualquier posibilidad de que si una institución del jecutivo señala de que la información pública es confidencial, no hay forma de revertir esa decisión porque el IAIP no funcionaría como debe de funcionar”, señaló Eduardo Escobar de Acción Ciudadana.
Además, explicó que junto con esta neutralización se acompaña el “desmantelamiento del Instituto” en la medida en que ya suspendieron en el cargo a la comisionada Liduvina Escobar y se han dado renuncias de gerentes o de cargos importantes. En ese sentido expuso que “hay un panorama que nos está indicando que se está desmontando este equipo que durante años se había formado y había dado vida al IAIP”.
“Es urgente rescatar al Instituto solo que en este momento no están las condiciones para hacerlo”, lamentó Escobar.
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Para Javier Castro de Fusades, el IAIP ha perdido eficacia y autonomía, y el resultado es que se ha alejado de su rol de ser el órgano garante del derecho de acceso a la información pública, y con esto el derecho queda muy desprotegido a nivel nacional.
Castro sostiene que el debilitamiento del IAIP, se causa principalmente con la toma del Instituto, luego de los últimos procesos de elección de comisionados que han sido “irregulares, opacos y cuestionados” en cuanto a su legalidad y cuyos nombramientos ha realizado el presidente de la república.
Además de la aprobación de reformas al Reglamento de la LAIP y los abusos en las declaratorias de reserva de la información.
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“Todas estas acciones han llevado a que a 10 años desde la vigencia de la LAIP haya un enorme retroceso en cuanto al acceso a la información”, señaló.
Además, agregó que al ser el acceso a la información un “derecho llave” que permite a la población acceder a otros derechos, se les inhibe de poder conocerlos, ejercerlos y exigirlos”.
Deterioro acelerado del IAIP A juicio de Jessica Estrada de Funde, “es muy grave, y preocupante, lo que ocurre en el IAIP” en el sentido que “desde hace algunas meses hemos sido testigos de un deterioro acelerado en esta entidad”.
Estrada destacó el acoso y hostigamiento en contra de comisionados titulares y suplentes, así como de empleados del IAIP, y en relación a eso manifestó que “fruto de esto tenemos dos destituciones (una comisionada titular y una suplente), así como renuncias que se han conocido públicamente y algunos despidos que se conocieron la semana pasada, entre ellos de la Directora Ejecutiva del IAIP”.
“Todos estos elementos han contribuido al debilitamiento del IAIP, y es obvio que esta entidad ya no está respondiendo a la ciudadanía, si no a intereses bien particulares”, señaló.
Xenia Hernández de la Fundación DTJ, detalló acciones que a su juicio han afectado el buen funcionamiento del Instituto. En primer lugar mencionó el nombramiento irregular de comisionados que conforman el pleno del IAIP, además de a nula actuación del IAIP ante el abuso de reservas sobre la información relativa a la gestión gubernamental para el manejo de la emergencia de salud por COVID-19.
“El instituto como ente garante guarda silencio en esto, no hay pronunciamientos al respecto”, criticó.
Además, señala la toma de decisiones individuales por parte del Comisionado Presidente, Ricardo Gómez, saltándose el Pleno de comisionados para reunirse y abordar el tema de presupuesto.
Hernández consideró que otra acción de afectación es el acuerdo de mantener en opacidad las grabaciones de las sesiones de pleno.