Tras golpe de Bukele, USAID retira la asistencia a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la PNC y al IAIP

USAID anunció que este financiamiento se empleará ahora para “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos".

El 1 de mayo, el bloque oficialista en la Asamblea votó por la destitución de los magistrados de la Sala y del Fiscal General. Foto EDH/ Jessica Orellana

Por Ricardo Avelar

May 21, 2021- 13:25

Tras el golpe que la bancada oficialista dio al remover ilegalmente a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que retirará los fondos que otorga a estas instituciones.

La administradora de la agencia, Samantha Power, afirmó que hará una reorientación de la asistencia asignada a la Corte Suprema y la Fiscalía, instituciones que fueron capturadas el 1 de mayo en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura de mayoría oficialista.

Además, anunciaron que retirarán asistencia a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Estas últimas dos instituciones han sido progresivamente tomadas por el oficialismo.

Por el lado del IAIP, el gobierno ha colocado a comisionados afines que han limitado la transparencia en lo relativo a gastos y planes del Ejecutivo, y en la Policía, se ha hecho intentos por entorpecer investigaciones de presunta corrupción, además de la participación de esta entidad, que debe ser apolítica, en el intento de golpe del 9 de febrero de 2020 y en el golpe del 1 de mayo, cuando fueron agentes policiales quienes sitiaron la Corte y la Fiscalía después de las destituciones ilegales de funcionarios.

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Power, jefa de USAID, anunció que este financiamiento que quita a las instituciones antes mencionadas se empleará ahora para “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”.

Reacción al golpe

En un breve comunicado, la administradora de USAID manifiesta que “tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, y preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas”.

En ese sentido se pronunció también la subadministradora para América Latina de esta agencia de cooperación, Mileydi Guilarte. En una reunión con algunos periodistas, la funcionaria dijo que a Estados Unidos le “preocupa gravemente las acciones de la Asamblea Legislativa” que desmanteló dos importantes instituciones con procedimientos fuera “de los límites de la legislación salvadoreña”.

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Guilarte justificó la decisión afirmando que la asistencia solo puede ser efectiva si el socio cooperante y el país beneficiario tienen una visión compartida.

Mientras la administración de Joe Biden ha insistido en que el combate a la corrupción y el fortalecimiento democrático son pilares clave de la relación bilateral entre EE. UU. y El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele sigue socavando la institucionalidad y haciendo esfuerzos por ocultar información y blindar a funcionarios vinculados a posibles irregularidades.

“Quiero enfatizar que Estados Unidos valora nuestra sólida relación con El Salvador y USAID sigue firmemente comprometida a apoyar y asociarse con todos los sectores en El Salvador para abordar las causas fundamentales de la migración”, dijo la subadministradora de esta agencia.

Por eso, señaló que “los fondos se utilizarán para seguir apoyando a las organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos centradas en estos esfuerzos”.

Sin embargo, no detalló los montos que dejarán de transferir a las instituciones sitiadas y explicó que estos fondos no van directamente a las arcas de las instituciones, sino que son canalizados como asistencia técnica y se ejecutan por medio de instituciones implementadoras.

Asimismo, afirmó que ya tienen varios socios en la sociedad civil con quienes ya trabajan, aunque no detalló quiénes son.

Esta reorientación de asistencia es consistente con la línea de la administración Biden, la cual ha advertido en numerosas ocasiones que en vista de los indicios de corrupción en Centroamérica, priorizará la asistencia directa a la sociedad civil que combate el flagelo de la corrupción y los abusos de poder.

En este anuncio, USAID reitera su compromiso con la institucionalidad, el Estado de derecho, el balance de poderes en el país y la independencia judicial. Todos estos puntos han sido atacados por el oficialismo prácticamente desde que entró al poder y el 1 de mayo simplemente se consolidó el principal golpe al Estado de derecho.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ya reaccionó a este anuncio de USAID. “Si le preguntas a cualquier salvadoreño en la frontera sur de Estados Unidos la razón por la que huyó de su país, el 99.9% responderá: 1. Falta de trabajo, 2. Inseguridad. Es muy revelador que USAID eligió dejar de financiar la… SEGURIDAD. ¿Es su plan real crear más inmigración?”, cuestionó el mandatario.

De advertencias a acciones

Desde que se concretó el golpe a la institucionalidad, el gobierno de Estados Unidos salió a condenar este intento por socavar la independencia judicial y el balance de poder, pilares fundamentales de una democracia funcional.

Altos funcionarios del gobierno de Joe Biden anunciaron su repudio al golpe y adelantaron que habría sanciones. Entre ellos, el principal asesor de Biden para el Hemisferio, Juan González; el secretario de Estado, Antony Blinken; y la misma vicepresidenta, Kamala Harris, quien llamó a tomar acciones.

Después de estas declaraciones, este anuncio de retiro de la cooperación ha sido la primera acción concreta de respuesta de Washington ante el golpe de Bukele.

Sin embargo, analistas dentro y fuera del país explican que puede haber más consecuencias para el oficialismo, que cada vez está más aislado de la comunidad de naciones democráticas.

Este anuncio de USAID fue secundado por congresistas demócratas que constantemente han emplazado a Bukele por sus golpes.

Norma Torres afirmó que “EE. UU. no debería financiar gobiernos que permiten la corrupción y socavan la democracia”.

Según su colega Albio Sires , “los fondos de contribuyentes estadounidenses no deberían usarse para legitimar una consolidación de poder ilegal” y llamó a su país a “trabajar con socios que quieran mejorar las condiciones de vida, no avanzar campañas de revancha política”.

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