El Ministerio de Hacienda podrá auditar a las 262 alcaldías para indagar sobre el uso de $191.7 millones que les fueron trasladados de fondos públicos para hacer frente a la pandemia y dar asistencia ante los fenómenos naturales.
Para ese cometido se apoyará en 300 jóvenes becarios, informó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. El acuerdo favorable para que Hacienda lo haga fue emitido este lunes en la comisión de Hacienda de la Asamblea.
“Haremos convocatoria, necesitamos integrar nuevos elementos para esta auditoría”, dijo Zelaya y explicó que estos jóvenes saldrán del programa de formación de capital humano de Hacienda.
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Además reiteró que el decreto es transitorio y que el proceso se hará por medio de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio de las atribuciones que tiene la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Señaló que Hacienda trazará la ruta a seguir para notificarlo a la Fiscalía General de la República y a la CCR si es que encuentran anomalías en el proceso, pues admitió que Hacienda no tiene la potestad de incautar documentos probatorios.
“No estamos usurpando ni tampoco estamos tomando una facultad que no nos compete”, dijo, y atribuyó este paso a la debilidad de otras instituciones. Lo cierto es que es la Corte de Cuentas quien por ley debe hacer estas auditorías.
Recientemente, la organización Acción Ciudadana señaló que “no hay ninguna facultad legal para que el Ministerio de Hacienda haga una auditoría de las alcaldías. De abrir la auditoría sería una clara confrontación con las disposiciones constitucionales que hacen notar que es una facultad de la Corte de Cuentas”.
Zelaya dijo que no confía en la labor de la Corte de Cuentas, a pesar de que el ente contralor informó hace poco que está auditando a las municipalidades y que han encontrado irregularidades.
Curiosamente, Zelaya preside una de las instituciones que la Corte de Cuentas señala con opacidad al negarse a brindar información sobre el uso de los recursos del Estado, al grado de cerrar las puertas a los auditores de la CCR para evitar que se llevaran documentos y equipos que la entidad había recopilado relacionados a los gastos. Esto ocurrió el pasado 1 de diciembre de 2020.
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