El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, demuestra con su petición a la Asamblea para que le aprueben un decreto transitorio que le permita auditar a las alcaldías, que está consciente que la ley no lo faculta para eso y que si lo ejecuta sería un “acto inconstitucional”, afirman abogados consultados por El Diario de Hoy.
El artículo 195 de la Constitución establece claramente que el único ente contralor de las finanzas públicas ejecutadas por las alcaldías y por otras instituciones del Estado, es la Corte de Cuentas de la República (CCR), ahondaron Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana y Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC-Funde.
“La fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estará a cargo de un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, que se denominará Corte de Cuentas de la República…”, dice el artículo en mención.
“Está fuera de sus facultades, no hay ninguna facultad legal para que el ministro haga una auditoría de esas. De abrir la auditoría sería una clara confrontación con las disposiciones constitucionales que hacen notar que es una facultad de la Corte de Cuentas de la República”, aseveró Sáenz.
Sandoval hace un análisis de que detrás de la idea de Hacienda de fiscalizar a los alcaldes podría estar también la intención del gobierno de profundizar la “persecución política” en contra de sus opositores.
El titular de Hacienda llegó el martes pasado a la Asamblea con una petición para que le aprueben un decreto transitorio con el objetivo de fiscalizar $191.7 millones que la Asamblea anterior autorizó para las alcaldías.
Los fondos provienen de préstamos aprobados en el decreto 608 en marzo de 2020 cuya finalidad específica era atender los efectos de la pandemia y las tormentas Amanda y Cristóbal.
Según Zelaya, la Corte de Cuentas no ha realizado su labor auditándolas, pero es el caso que ha sido la misma institución la que hace poco informó de 68 hallazgos por $4 millones en fondos entregados a las municipalidades mediante el Plan de Auditoría 2021.
La entidad contralora explicó que está auditando los $191.7 millones manejados por las comunas de fondos de préstamos recibidos para la pandemia y anunció juicios de cuentas por el cuestionamiento patrimonial encontrado. “En la fiscalización de los fondos públicos no habrán zonas exentas”, señaló la CCR.
Pero al decir de Zelaya, la Corte de Cuentas solo se ha limitado a contarle las costillas al Ministerio de Hacienda y no a las alcaldías. Según el funcionario, la entidad ya auditó el 75% de los fondos usados por el gobierno durante la pandemia; sin embargo, en declaraciones recientes de los magistrados de la CCR han reiterado que ministerios como Hacienda, Agricultura, Obras Públicas y Salud se resisten a entregar la información requerida.
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Para Sáenz y Sandoval, Hacienda lo que busca es centralizar todo desde el Ejecutivo, el primer paso fue delegar al Ministerio de Obras Públicas la facultad de decidir por los alcaldes qué proyectos se realizan o no en sus municipios violentando con ello la autonomía municipal.
“Lo que está mal es que sea una autoridad a la que no le compete la que pretenda hacer esa fiscalización, porque eso se presta a presiones de una naturaleza diferente e injerencia de carácter político que lo que hace es distraer el verdadero propósito de la fiscalización”, argumentó Sáenz.
Añadió que lo de Hacienda viene a recalcar el “guión de este gobierno con talante autoritario”, en donde no se respetan las facultades y la independencia de Poderes del Estado.
Sin embargo, Zelaya justificó el martes pasado que no está invadiendo las facultades de la entidad contralora, sino ejecutando la facultad que le otorga el artículo 1 del decreto legislativo 608.
“No estamos usurpando las funciones que tiene la Corte de Cuentas en el Artículo 95, solo estamos haciendo uso de las facultades que otorga el artículo 2 de la Ley AFI (Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado”, aseveró Zelaya.
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Sandoval dice que es contradictorio que Hacienda pretenda llevar a cabo auditorías cuando la CCR ya le dijo que “hay actos de corrupción en las alcaldías”. A su juicio, es ahora el turno del fiscal, Roberto Delgado, de retomar los informes de la Corte de Cuentas para investigar de oficio.
“El fiscal no aparece por ningún lado, parece que la Asamblea quiere arrogarse el tema de la persecución penal en relación a crímenes asociados a la corrupción, no le corresponde a la Asamblea ni a Hacienda, le corresponde al fiscal, pero se ha desaparecido el señor”, reflexionó Sandoval.
Recuerda que desde ALAC y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron a la anterior Asamblea un pliego de reformas para que la CCR tuviera más dientes para fiscalizar el uso de los recursos públicos, pero lo que hizo la actual legislatura fue enviarlas al archivo.