“Estamos ahora ante la criminalización de los concejos municipales. Se está limitando la función y los objetivos para los cuales la Constitución tiene creado los municipios, yo no sé si en algún momento la pretensión será que los municipios dejen de existir y todos seamos un gran Gobierno.”
Así opinó Ruth Eleonora López, Jefa jurídica de Anticorrupción de Cristosal en relación a la solicitud del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quién pidió este martes a los diputados autorización para auditar el uso de $191 millones que el Gobierno entregó a las 262 alcaldías durante la pandemia, en 2020. Esto, pese a que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ya tiene en marcha auditorías sobre ello.
Al respecto, López, no dudó en señalar que “evidentemente esto atenta contra la autonomía municipal y además contra la voluntad de los electores”.
Ella enfatizó que hay que tener en cuentas las facultades de cada una de las instituciones del Ejecutivo y que al ministerio de Hacienda no le corresponde la auditoría de los fondos, sino a la CCR.
“Lo que puede pedir en todo caso el ministerio de Hacienda son las liquidaciones etc, pero eso se hace durante la ejecución de los presupuestos”, explicó.
En ese sentido expuso que “otra cosa es tratar de interferir en en la autonomía municipal, que es un principio constitucional y por tanto habría que respetar esa disposición de fondo y los mecanismos para disponer de los fondos dentro de las alcaldías que se toman a partir de la decisión de órganos plurales que son los concejos municipales.
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Pero, qué implicaciones tiene todo esto en la ejecución de proyectos sociales que benefician a las personas de esos municipios.
Para ahondar más en ello, este medio conversó con Flora Blandón, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad “José Simeón Cañas” (UCA).
A su juicio, esta iniciativa tiende a desvirtuar el papel que han venido haciendo las alcaldías: “afecta la institucionalidad pero también intenta poner en entredicho el papel de los gobiernos locales en el uso de los fondos que reciben”, dijo.
“Están dando las condiciones para que los gobiernos locales queden “mal parados” y decir, “miren ellos no pueden manejar recursos”, agregó. Además, contrastó la petición de Zelaya con la negación del Fodes e indicó que eso se prevé que ocurra.
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“Esa es la practica que tenemos ahorita, no darles el Fodes, entonces uno se pregunta y con qué recursos están funcionando las municipalidades cuando la mayoría son pequeñas o medianas y desarrollan sus proyectos con el pago de impuestos y tazas de la población que vive ahí”, expuso.
Blandón recordó que fue por eso es que se decidió dar este refuerzo presupuestario a las municipalidades con más dificultades, que son pequeñas y más pobres para puedan atender mejor a la población.
Precisamente, estas comunas serían las más afectadas con la centralización de los fondos públicos.
“¿De dónde van sacar el dinero que va más allá de infraestructura, que tiene que ver con desarrollo de jóvenes, de la niñez, la adolescencia, las clínicas que han montado, las bibliotecas, el aporte que incluso desde las municipalidades se les ha estado dando a las Escuelas, unidades de la PNC que están en esos lugares que les dan para gasolina y les compran baterías”, cuestionó.
¿Se va atener la misma capacidad desde lo central para desarrollar proyectos, para atender las necesidades de esa población, cual es la visión que está detrás de esto?, preguntó.
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De hecho, esas interrogantes son aclaradas en la Constitución , por ejemplo, el artículo 203 establece que “los municipios serán autónomos en lo económico, técnico y administrativo”.
En ese sentido opinó el ex magistrado de la CSJ, René Hernández Valiente, quien señaló que “hay un trasfondo perverso de parte de Zelaya, está tratando de golpear otra vez a las alcaldías, ya las golpeó con el Fodes y ahora pretende auditarlas”, dijo.
Aclaró, que la Asamblea le puede dar las facultades, pero “lo único que él podría hacer es solicitar a la CCR que audite, no obstante, no lo va hacer porque él está peleado con la Corte de Cuentas”.
Un economista que prefirió el anonimato calificó esta petición de Zelaya como “un show político”.