Gobierno anuncia nuevas medidas ante daños por lluvias en casas de Ciudad Marsella

La evaluación de daños en Ciudad Marsella continúa en desarrollo este domingo por la mañana, luego de las inundaciones registradas la noche del sábado en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro. Las afectaciones, provocadas por la acumulación de agua en la zona, impactaron al menos a unas veinte viviendas del conjunto residencial Quartier 11.

Desde primeras horas del día, equipos del Ministerio de Vivienda, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y representantes de la empresa constructora se encuentran en el lugar realizando verificaciones técnicas junto a las familias afectadas. Estas diligencias forman parte del proceso de evaluación y levantamiento de información para definir las acciones a seguir.

Medidas cautelares y compromiso de resarcimiento

En respuesta a lo ocurrido, la empresa Global Developers informó mediante un comunicado dirigido a los residentes de Quartier 11 que asumirá el resarcimiento de todos los daños materiales ocasionados por el asolvamiento en un tramo de la tubería de aguas lluvias, lo que habría provocado la acumulación de agua e ingreso en varias viviendas.

Durante la inspección, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, señaló que las familias habrían sido presionadas a habitar las viviendas bajo la advertencia de que podrían perderlas si no aceptaban de inmediato. Según explicó, esta práctica derivó en el cobro de cuotas que no formaban parte del capital de la vivienda y que quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

"A las familias las presionaron que si no agarraban ya la vivienda la iban a perder y esa es una forma de abuso, no lo podemos permitir. Esta práctica es abusiva y se va a detener de inmediato, así que todos los que estaban pagando estas cuotas quedan totalmente paralizadas hasta nuevo aviso y que sea ya en un proceso formal, hasta que la pasen con un banco y vamos a ir revisando punto a punto".

Michelle sol, ministra de vivienda

La funcionaria agregó que, de acuerdo con los procedimientos regulares, los pagos deberían iniciar únicamente cuando los proyectos estén finalizados.

"En el momento que ustedes dan la reserva, se deberían de esperar hasta que terminan el proyecto y ahí se comienza a pagar. Pero fue un abuso porque a ustedes les ponen la cuota que ellos quieren y sin terminar los proyectos", apuntó.

Además, la ministra informó que solicitarán a la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés el expediente completo del proyecto, con el fin de verificar si se cumplieron los procedimientos técnicos y legales establecidos. Esto incluye la revisión de los permisos de construcción otorgados, los diseños de ingeniería, las memorias de cálculo, así como la recepción de obras y la autorización para habitar el conjunto residencial.

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"Aquí vamos a entender qué es lo que ha pasado, quién ha fallado o si esta gente (empresa) ha sobrepasado los lineamientos y las normativas que se rigen para poder entregar un proyecto de vivienda adecuado", explicó la funcionaria.

En ese marco, el Gobierno anunció una serie de medidas de carácter preventivo:

• Suspensión de los permisos de construcción y parcelación a nivel nacional para la empresa Salazar Romero y sus compañías aliadas.
• Prohibición de realizar cobros en concepto de crédito inicial.
• Paralización de desalojos mientras se revisan los procesos contractuales.
• Aplicación de todos los pagos efectuados como abono al valor total de la vivienda.
• Suspensión de créditos desde el Fondo Social para la Vivienda (FSV) hacia estos proyectos, hasta nueva evaluación.

Supervisión técnica y protección a las familias

La ministra de Vivienda también señaló que las familias afectadas mantienen el derecho de desistir del proceso de compra si así lo consideran, y solicitar la devolución de los montos entregados.

"Tienen el derecho de devolver la vivienda y que les retornen hasta el último centavo que ustedes han pagado en escrituración", subrayó.

Las instituciones participantes reiteraron su compromiso de acompañar a las personas afectadas y de garantizar que se respeten sus derechos durante este proceso. La funcionaria afirmó que habrá supervisión continua sobre el actuar de la desarrolladora.