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Gobierno no deja claro en ley cómo pagará a los cotizantes la deuda de pensiones

Los cotizantes de las AFP le han prestado dinero al gobierno para que pague jubilaciones

Por Katlen Urquilla | Dic 04, 2022- 07:37

Los salvadoreños ya no podrán solicitar el 25% de anticipo de sus ahorros para pensión. Foto EDH/Archivo

Pasar de llamar los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) puede parecer solo un cambio de nombre al instrumento financiero que el gobierno plantea en una nueva ley para pagar la deuda adquirida con los cotizantes del sistema actual, pero va más allá de lo que parece.

Son al menos $7,900 millones que los trabajadores le han prestado al gobierno desde 2006 para que pague pensiones del sistema antiguo, deuda que está reflejada en esos papeles o pagarés llamados CIP.

Eso quiere decir que es una deuda que el gobierno debe pagar a los cotizantes de las AFP, pues estas entidades han estado obligadas por ley a adquirir esos CIP año con año con los ahorros de los empleados.

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Pero el actual gobierno de Nayib Bukele está planteando un cambio que podría afectar las condiciones en las que se cancelará esa deuda a los trabajadores.

El artículo 11 de la “Ley especial para la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP)” plantea varias modificaciones.

“El Instituto Salvadoreño de Pensiones para mejorar las condiciones de las inversiones de los fondos de pensiones deberá realizar, por única vez, la sustitución de los certificados de inversión previsional, certificados de traspaso y certificados de traspaso complementarios que a la entrada en vigencia de esta ley le fueran transferidos por los Fondos de Pensiones, que sustituirá por un nuevo título denominado Certificado de Financiamiento de Transición”, dice en el mencionado artículo.

Y agrega que esa sustitución se realizará a más tardar 120 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Luego agrega que: “Las características del Certificado de Financiamiento de Transición serán definidas de acuerdo a las políticas contenidas en el Plan Anual de Inversiones del Instituto Salvadoreños de Pensiones”.

Además estipula que los intereses y amortizaciones de capital de los CIP que estén vigentes hasta antes de la sustitución y transferencia a manos del nuevo Instituto serán “incluidos en el monto nominal de la emisión” de los CFT.

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“Los CIP a ser sustituidos deberán ser entregados por las AFP al monto valorizado a la fecha de su transferencia y serán cancelados para su completa liquidación por el Instituto Salvadoreño de Pensiones”, dice otro apartado del mismo artículo 11.

Pero, ¿qué significa eso y qué implica para los cotizantes, cuyos ahorros han sido prestados al gobierno?

La economista Tatiana Marroquín explica que en ese apartado de la ley se está dejando un “gran agujero”.

“Es un artículo que me preocupa muchísimo; mencionan que van a sustituir todos los Certificados de Inversión Previsional actuales por Certificados de Financiamiento de Transición. Eso significa que todos los certificados de inversión por $7,900 millones de deuda van a pasar de ser CIP a ser CFT”, expresa.

¿Ese cambio implica algún riesgo para los ahorros de los cotizantes?, se le consultó.

“Sí, porque cuando se revisa el artículo 11 dice que las características de los CFT que van a sustituir a los CIP serán definidas de acuerdo a políticas contenidas en el plan anual de inversiones, pero no me está diciendo cuál va a ser la tasa de interés ni el plazo, nada”, apunta Marroquín.

La especialista indica que tras la reforma de 2017 los CIP que se emitieron cambiaron la tasa de interés de forma escalonada y desde esa fecha todos los que se han emitido han sido a una tasa del 6% y enfatiza que en la ley actual sí están definidas claramente las condiciones de pago de los fondos que prestan los trabajadores al gobierno.

“Ahora dice que todos esos papeles los van a sustituir por nuevos papeles que se van a llamar CFT, pero no dice a qué tasa de interés van a estar. De hecho, deja abiertas las características de los certificados como el plazo, la tasa y otras condiciones. Eso es ilegal, es inconstitucional”, afirma la economista.

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Marroquín señala que desde el lado financiero y de los intereses de los cotizantes debería quedar todo muy transparente. “Porque si van a cambiar los CIP deben decir por qué los van a cambiar y en qué condiciones. Entonces, hay un riesgo financiero, pero también por el lado de la legalidad, porque es deuda pública. Están emitiendo deuda pública sin decir bajo qué condiciones se va a emitir esta nueva deuda”, destaca.

¿Se puede decir que estos $7,900 millones que se han emitido en CIP están en riesgo?, se le repreguntó a la especialista.

“Sí, porque esos CIP se van a convertir en CFT y hay nula información de cuáles son las condiciones en las que los van a dar y esa incertidumbre es un riesgo”, reitera.

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