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Gobierno interviene en ahorros y cotizaciones con la disolución del INSAFORP, advierten especialistas

La creación del INCAF trae un impuesto al sector empleador del país. Si bien el gobierno ha “desmantelado” varias áreas de participación ciudadana, especialistas aún ven que corren riesgo las autónomas con fondos propios.

Por Jessica García | Nov 15, 2023- 22:39

El INSAFORP tenía entre sus atribuciones la realización de talleres y capacitaciones técnicas. Foto EDH/ Archivo

La reciente disolución del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) se convierte en una intromisión más del gobierno de El Salvador en el dinero de la ciudadanía, advirtieron expertos.

Según los economistas Tatiana Marroquín y Rafael Lemus ya el gobierno estaría ejerciendo una tercera “metida de mano” en los fondos de las y los salvadoreños al haber disuelto el INSAFORP y haber mandado el 80% de sus fondos al fondo general.

“Es una metida más de mano al fondo de los trabajadores, pero ahora al fondo de formación, que literalmente se lo chupan todo”, señaló Lemus, con lo que coincidió Marroquín.

Este martes se aprobó la “Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Formación”, con la que se disolvió al INSAFORP por lo que se le trasladarán sus fondos al nuevo Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) y a la Dirección de Integración.

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La medida, tanto políticos como Anabel Belloso, como para los economistas es una muestra de que el Estado no le alcanza el dinero y por lo tanto limita los espacios de participación ciudadana y formación académica y laboral.

“Este gobierno ha seguido una agenda de eliminación de instituciones bajo un discurso falso de ahorro, de modernización o de uso eficiente de recursos, y cuando uno revisa la ejecución presupuestaria, ahí no se ve la eficiencia por ningún lado. Cada vez se comprueba más que las están tomando porque no les alcanza el dinero”, señaló Belloso antes de que se aprobara la disolución del INSAFORP.

Según la parlamentaria del Frente Farabundo Martí (FMLN) el gobierno demostró tener desprecio por los espacios de participación de la ciudadanía.

Autónomas también en riesgo

A criterio de Lemus sería complicado prever si otra institución de participación ciudadana podría llegar a ser disuelta tal como le pasó al INSAFORP, al Instituto Nacional de la Juventud y al Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), en tanto a que ya evidencia un desmantelamiento de las instituciones a nivel general.

“Ya (el gobierno) ha desmantelado tanto que ya no le veo mayores áreas donde poder seguir metiendo mano, ya se devoró el Fodes, el fondo de ahorro de trabajadores para pensiones ya le metió mano total con dos medidas: no pagando el dinero invertido en títulos del gobierno y además, obligando a comprar los títulos sin límite”, señaló el experto.

“No solo se ha llevado el dinero del pasado, sino que además el dinero que está recolectando se lo puede agarrar todo”, advirtió también.

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Sin embargo, Marroquín advirtió que las instituciones autónomas con ingresos propios también podrían ser sujeto de disolución, tal como le pasó más recientemente al INSAFORP.

“Están en riesgo de ser reformadas para que los fondos sean manejados desde el ministerio de Hacienda”, advirtió la economista.

“Todos estos movimientos (Fodes, INSAFORP, reforma de pensiones) lo que han hecho es concentrar el poder en el Ejecutivo”, añadió.

Foto EDH/ Archivo

INCAF trae un nuevo impuesto

Con la reducción al presupuesto que se le está haciendo a la formación y capacitación, en donde INSAFORP gestionaba cerca el 100% de sus recursos para formar y capacitar a salvadoreños, hoy esta institución, el INCAF, únicamente va a tener un 20%.

“Es una puñalada a la iniciativa privada, porque aún así con esta reducción, siempre estará poniendo el 1% de la cotización, pero se va a ver reducida grandemente la oportunidad de capacitación y formación de todos los empleados y de todos los salvadoreños”, señaló el diputado César Reyes.

Por lo que para el diputado y Lemus no representa una cotización, sino un impuesto a la empresa privada.

Lemus amplió en que en la medida que el fondo ya no queda custodia en administración y en decisión de la figura tripartita (gobierno, empleador y laboral), sino que, ahora el fondo irá al gobierno en un 80%, ya es un impuesto.

“Y sobre el 20%, también se convierte en un impuesto, porque no es un programa que quede en administración tripartita de lo que aporta, sino que lo va a administrar el gobierno y el gobierno va a decidir los programas”, interpretó.

Por otra parte, las atribuciones de la presidencia del INCAF y su consejo variarán en tanto a las que dispuso el INSAFORP.

El director del INSAFORP gozó de siete atribuciones y el presidente del INCAF tendrá doce. Antes el funcionario no contaba con regulación explícita sobre su influencia en la contratación de colaboradores, ahora el presidente explícitamente dice que puede contratar, crear nuevas plazas y asistir a remover personal.

En tanto al Consejo del INSAFORP tenía más atribuciones de las que tendrá el del INCAF.

Una de las variaciones es que ahora se aprobarán los programas de trabajo propuestos por el presidente del organismo, mientras que antes aprobaba el plan de trabajo y no precisamente la propuesta del superior.

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