El pasado 6 de noviembre ingresaron a la Asamblea Legislativa dos iniciativas del gobierno para crear una “Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Formación” y para crear una “Ley del Sistema Nacional de Integración Fase VI del Plan Control Territorial”, las cuales retoman parte de la propuesta del 28 de agosto de 2023 que implica la disolución del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), que estarán solo bajo control gubernamental.
En el caso del INSAFORP, su labor principal se centra en los programas de formación para trabajadores de empresas, formación de jóvenes, mujeres y formación para población vulnerable. En 2022 se formaron 345,000 personas, hasta septiembre de 2023 se capacitó a 350,000 y desde que inició sus funciones ha capacitado a más de 5.7 millones de salvadoreños.
A finales de octubre, el presidente de INSAFORP, Ricardo Montegro, reiteró su preocupación ante el proyecto de ley anterior que eliminaba esta institución que por más de 30 años ha formado y capacitado a jóvenes a nivel nacional.
Ahora, con la nueva iniciativa del gobierno también pretende derogar el decreto 554 de 1993 que aprobó la Ley de Formación Profesional, que es con la que se creó el INSAFORP, y creará al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), como una institución de derecho público, autónoma, que se relacionará con el Ejecutivo a través del ramo de Economía.
Actualmente, el INSAFORP recibe recursos de las cotizaciones obligatorias hasta el 1 %, pagadas por los patronos del sector privado y por las instituciones oficiales autónomas, que empleen diez o más trabajadores, calculadas sobre el monto total de las planillas mensuales de salarios, las cuales son colectadas por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
En la nueva propuesta se establece que el INCAF tendrá recursos provenientes del Presupuesto General del Estado y el 20 % de la recaudación de las cotizaciones obligatorias que pagan los empleadores, que para este 2023 equivale a más de $9.2 millones de los $46.4 millones previstos de ingresos en Seguridad Social.
“Este porcentaje solo podrá destinarse al financiamiento de acciones y programas que brinden capacitación profesional, técnica y /o en oficios, tendientes a generar y mejorar la oferta de empleabilidad en las áreas a cargo del INCAF, y los gastos necesarios para su desarrollo y gestión”, dice la propuesta.
El monto sería significativamente menor en comparación a los $38 millones que programó invertir el INSAFORP este año en formación. Solo de enero a junio de este año invirtió más de $7.8 millones en atención de jóvenes y población vulnerable.
Traslado de fondos
Mientras que del 80 % restante de las cotizaciones patronales, el 40 % ($18.5 millones) se destinará “exclusivamente” a cumplir los objetivos vinculados a la ejecución de programas para disminución de los niveles de pobreza, mejoramiento de condiciones sociales, “de la forma que determine la Dirección de Integración”.
Y el otro 40 % ($18.5 millones) de cotizaciones ingresarán al Presupuesto General del Estado y serán destinados a cubrir gastos para cerrar la brecha digital, “mediante adquisición de equipamiento, desarrollo de currícula y provisión de entrenamiento en habilidades tecnológicas”, según el proyecto.
El mecanismo de recolección de las cotizaciones se mantendrá por medio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las depositará en la cuenta bancaria del INCAF.
De aprobarse la ley y una vez entre en vigencia, iniciará el proceso de disolución del INSAFORP y tendrá un plazo de seis meses. “El INCAF sucederá al INSAFORP en las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y obligaciones”, dice el proyecto.
Además, se establece que la totalidad de activos y pasivo pertenecientes al INSAFORP se transferirán al INCAF. De acuerdo al informe de situación financiera del INSAFORP al 30 de junio de 2023, la totalidad de recursos asciende a $74,748,320.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló que cuando el gobierno “le pone el ojo a una institución no hay, realmente, quién lo detenga”, y recordó que se recortó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) de los municipios, entre otros.
“Le pregunto también a los trabajadores, a los patronos, a dónde va a ir el dinero que ustedes están aportando al INSAFORP ahora que le van a quitar el 80% de los fondos. A la gente le están prometiendo, les están tomando su dinero y no les están cumpliendo”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Consideró que los ciudadanos merecen que se mantenga la formación profesional por la que ya se paga. “Y ante todo esto, ante esta plana mal hecha el único que puede hacer un alto a esos abusos es el pueblo”, enfatizó.
Marcela Villatoro, de ARENA, lamenta que “se tire a la basura” el trabajo realizado por INSAFORP por 30 años.
“Se convierte en otra institución más de esas que funcionan y que el gobierno mete mano para sus propios fines sin haber visto las repercusiones que esta decisión va a tener en la población”,
Marcela Villatoro, diputada de ARENA
Calificó la propuesta como "otro retroceso más y otra institución más para hacer mal uso de fondos", los cuales no pertenecen al Estado, sino que es un aporte de los patronos para sus propios empleados.
Control gubernamental
A diferencia del INSAFORP que cuenta con una estructura tripartita, es decir, con representantes del sector gubernamental, del sector empleador y del sector laboral, el control del nuevo Instituto será completamente gubernamental, ya que su consejo directivo solo contará con representantes de los ministerios de: Economía, Hacienda, Educación, Ciencia y Tecnología; y Gobernación y Desarrollo Territorial.
Dejando fuera la representación de empleadores privados y de trabajadores, esto últimos electos por federaciones sindicales.
El INCAF también contará con un presidente nombrado por el presidente de la República para un periodo de cinco años. Para ser nombrado presidente bastará con tener un mínimo de cinco años de experiencia afín a las áreas vinculadas a la ley, estar en el pleno goce de los derechos ciudadanos y “contar con reconocida probidad”.
Y tendrá entre sus funciones organizar, desarrollar y coordinar el Sistema de Formación Profesional; elaborar la visión de la Política Nacional de Formación Profesional y el Plan anual de Formación y Especialización del Talento Humano Salvadoreño; además de diseñar programas e impartirlos directamente o a través de terceros.
La iniciativa se envió a estudio de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa.
Crearán Dirección de Integración
La segunda iniciativa presentada por el gobierno es la de la “Ley del Sistema Nacional de Integración Fase VI del Plan Control Territorial”, que fue anunciada por Nayib Bukele el 15 de septiembre de 2023, cuando dijo que usarían parte de los fondos del INSAFORP para la sexta fase, lo cual generó críticas.
Con esta ley se creará la Dirección de Integración dentro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Esta dependencia tendrá un director general y un consejo integrado por representantes de:
- Ministerio de Economía
- Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
- Tres representantes por el sector empleador, nombrados por el presidente dela República de candidatos propuestos por el Ministerio de Economía.
Entre su patrimonio estará el 40 % de las cotizaciones obligatorias pagadas por los empleadores, además de otros ingresos por bienes que adquiera del Estado, municipalidades, entidades públicas o privadas; cooperación internacional o donaciones.
Tendrá entre sus funciones diseñar programas globales o especializados de formación y capacitación vocacional y en oficios en alianza con el INCAF y otras instituciones.
Y a partir de su entrada en vigencia, se da un plazo de seis meses para completar el proceso de disolución del INJUVE y trasladar a la Dirección todos sus activos y pasivos.
Para la diputada Anabel Belloso, del FMLN; aunque parece que el gobierno "se echó para atrás" con la propuesta inicial de Ley del Sistema Nacional de Integración de agosto pasado, pero siempre elimina las instituciones.
"Crean otras, donde se identifica de manera preliminar que quitan participación a la parte trabajadora, que los recursos del INSAFORP serán utilizados de diferente forma",
Anabel Belloso, diputada del FMLN
La propuesta de Ley de la Dirección de Integración se envió a estudio de la Comisión de Seguridad de la Asamblea.