Las reformas al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), presentadas por el Ejecutivo encendieron las alarmas en la clase política y de expertos en transparencia, quienes ven en ellas una herramienta que facilite un posible “fraude” de cara a las elecciones de 2024.
Mientras que en otros sectores de defensa de los derechos humanos y de transparencia, observan un peligro inminente de que se conviertan en un instrumento adicional del gobierno de “persecución” para sus opositores.
La petición del Ejecutivo es que se elimine de la Junta Directiva del RNPN la representación de los partidos políticos y que los datos de los ciudadanos que maneja esa entidad, pasen a la circunscripción del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y ya no al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como está en la ley vigente.
Lo anterior les preocupa a abogados y especialistas tecnológicos, pues El Salvador se encuentra en medio de la vigencia de un régimen de excepción por 30 días más, sumado a normativas anteriores que fueron reformadas por la Asamblea, para crear los agentes encubiertos digitales, los cuales podrán espiar a los ciudadanos sin orden judicial; y el refuerzo presupuestario de $10.9 millones para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones bajo la tutela de la Fiscalía.
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Carlos Palomo, Director de Procesamiento y Análisis de Información de TRACODA, explicó que la remoción de los partidos políticos en la Junta Directiva del RNPN, sí puede suponer un problema, porque eso limita la posibilidad de vigilancia que pueden realizar, teniendo a la vista la relevancia que tienen las decisiones en el RNPN para mantener la pureza del padrón electoral.
“Al menos teóricamente esto no supone mayor inconveniente, porque ya dentro de la Junta Directiva del Registro se tenía una buena cantidad de representantes del Órgano Ejecutivo, de forma que todo lo que pasaba ahí era de conocimiento del Ejecutivo”, argumentó.
En cuanto al manejo de los datos señala que, si bien en teoría se trata de una vinculación al Ministerio de Justicia y Seguridad por el tema presupuestario, lo que sí es notorio es que mientras no exista una Ley de Protección de Datos Personales, el manejo de la información está en riesgo.
Según dijo, con una Ley de Protección de Datos Personales integral se pueden establecer nuevas limitantes para el uso de los datos personales de los salvadoreños, así como una vía de control expedita que el solo hecho de incorporar al Ministerio de Justicia dentro del Registro.
Asegura que en el tema de privacidad y datos personales es más grave que no exista esa normativa que establezca nuevas limitantes para el uso de los datos personales de los salvadoreños, así como una vía de control expedita que el solo hecho de incorporar al Ministerio de Justicia dentro del Registro.
“El problema central a mí me parece, gira en torno a la falta de ese marco legal reforzado que puede dar una Ley de Protección de Datos Personales. Eso podría evitar abusos de cualquier índole con los datos de la población”, opinó Palomo.
La ley de la que habla Palomo fue aprobada por la Asamblea anterior en abril de 2021; pero en mayo de ese año, el presidente Nayib Bukele la vetó por considerarla “inconveniente”.
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Anteriormente, el experto en Transparencia, Wilson Sandoval, explicó que eliminar la representación partidaria de la Directiva del RNPN se presta a un “posible manoseo del padrón electoral” y se constituye en una puerta abierta a un posible “fraude electoral”.
“Ahora van por recortar completamente la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Es urgente posicionar el fraude que se está articulando de cara a las próximas elecciones”, manifestó Sandoval.
Pero, además, dijo preocuparle el entorno en que se dan las enmiendas para trasladar los datos contenidos en las bases del RNPN al poder del Ministerio de Seguridad, en un contexto más agudo de persecución política contra disidentes.
“Surge la pregunta ¿en qué beneficia al TSE, a Seguridad o a las elecciones este tipo de movimientos? Me temo que no hay una justificante de la Asamblea y, por lo tanto, debe preocuparnos que empiece un manoseo en las facultades de un ente que es la última línea de defensa frente a tener elecciones justas”, acotó el experto.