El prófugo Carlos Mauricio Funes, el corrupto confeso Antonio Saca (quien está preso en el penal de Mariona), el exfiscal general Luis Martínez y el lavador de dinero Elmer Charlaix encabezan la “lista negra” de salvadoreños difundida el jueves por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La “lista negra” incluye a corruptos, narcotraficantes y otros funcionarios o exfuncionarios delincuentes de “alto calibre” que han robado dinero de los contribuyentes o recibido dinero sucio -financiamiento- para lograr sus objetivos políticos o para acceder a cargos y en la nómina están personajes de la región del Triángulo Norte de Centroamérica conformada por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Este tipo de funcionario es non grato en Estados Unidos y, por lo tanto, sus visas pueden ser revocadas y de poseer bienes en ese país pueden ser congelados en caso que los hayan obtenido de fondos producto de actividades ilícitas.
Los nombres incluidos en el Informe al Congreso sobre el narcotráfico, corrupción y el financiamiento de campañas ilícitas en Honduras, Guatemala y El Salvador cumplen estas características: son de altos funcionarios gubernamentales que han cometido o facilitado actos de corrupción o, se han involucrado en prácticas corruptas o tráfico de narcóticos; y dos, funcionarios de elección popular que han recibido fondos de campaña del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años.
En el caso de El Salvador se suman a la lista, los exsecretarios de Saca, César Funes y Julio Rank, y los exempleados de Casa Presidencial en las gestiones de Saca y de Funes, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Herrera Castellanos. El exalcalde de Apopa, Elías Hernández, condenado a 12 años de cárcel por facilitar logística a la pandilla 18 para que le apoyara, también está incluido.
Rodríguez Arteaga, Gómez y Herrera eran empleados de Casa Presidencial y fueron los que Saca utilizó para mover millones de dólares. Durante el juicio contra Saca (condenado a 10 años de cárcel y a devolver $260 millones) se supo que disponían de 16 cuentas bancarias a las que se desviaron fondos públicos. Los exempleados de Capres sustrajeron $191,203,340 a través de la emisión de 4,072 cheques, según lo confirmó un perito de la Superintendencia del Sistema Financiero. Luego ese dinero habría sido transferido a cuentas privadas de Saca, según la Fiscalía.
Un mal endémico y sistémico
“La corrupción en el Triángulo Norte es endémica y sistémica”, dice el informe del Departamento de Estado. Advierte que la corrupción socava el crecimiento y el desarrollo económico, debilita el Estado de Derecho y facilita la delincuencia transnacional, una de las causas que provoca migración ilegal hacia Estados Unidos.
En 2018 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, sus siglas en inglés) en la que establecía que el Departamento de Estado debía hacer pública la lista negra de los corruptos del Triángulo Norte centroamericano.
En la lista figuran, además, diez guatemaltecos y diez hondureños, ocho de los cuales están presos en su país y dos fueron sentenciados en EE.UU. por delitos de corrupción.
La lista de los corruptos centroamericanos ha sido elaborada por el Departamento de Estado en coordinación con los departamentos de Defensa y de Justicia de EE.UU.
Al igual que en Honduras, los diez salvadoreños de esta lista negra no son “nuevos corruptos” para la ciudadanía, sino que están presos, purgando condenas, a excepción de Funes, sobre quien hay cinco órdenes internacionales de captura por el saqueo de $351 millones. Funes se jacta en redes sociales de que nunca le podrán comprobar que se apropió de bienes del Estado, pero la Fiscalía le ha acusado de haber utilizado testaferros.