Expresidente Antonio Saca fue condenado a 10 años de cárcel

Saca es el primer expresidente de la República en ser sentenciado por delitos de corrupción

Foto EDH/ Mauricio Cáceres

Por Nancy Hernández / Liseth Alas / Jaime López

Sep 12, 2018- 15:08

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó este miércoles al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero y activos. Saca es el primer exmandatario salvadoreño en ser sentenciado por delitos de corrupción.

Junto al exgobernante, el tribunal también dictó condena contra tres de sus exfuncionarios y tres de sus exempleados de la Casa Presidencial (Capres). Todos los procesados deberán pagar al Estados diversos montos en concepto de responsabilidad civil.

De esa manera, Élmer Charlaix, exsecretario privado de Saca, fue sentenciado a 10 años de prisión por los mismos delitos del exmandatario, mientras, Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, y César Funes, exsecretario de la Juventud, a 5 años cada uno por lavado de dinero.

Además, los exempleados Jorge Herrera, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez cumplirán penas de 3, 6 y 16 años de prisión respectivamente. Gómez fue el único que no se sometió al proceso abreviado.

Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) se mostró satisfecho con el fallo. Agregó que en términos de responsabilidad civil, el expresidente Saca deberá devolver al Estado $260 millones.

“La investigación del expresidente Elías Antonio Saca no está cerrada, con este proceso hemos obtenido más información que nos coadyuva en otros casos que esperamos fortalecer”, señaló Cortez.

Aunque los abogados defensores se mostraron satisfechos con la resolución, algunos de ellos alegaron que apelarán el monto impuesto por responsabilidad civil.

“Vamos a revisar la sentencia y evidentemente vamos a presentar el recurso de apelación. Lastimosamente esta es la administración de justicia del país”, enfatizó Roberto Claros, abogado de Pablo Gómez.

En un caso sin precedentes para El Salvador, el exmandatario fue sentenciado a cumplir dicha pena, tras haber confesado que durante su administración (2004-2009) desvió fondos de la partida de gastos reservados de la Presidencia a cuentas personales, pagó sobresueldos y evadió controles estatales.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que en el periodo presidencial de Saca fueron desviados $ 300 millones. La FGR ha pedido al Tribunal que Saca y Charlaix devuelvan $ 300 millones 347 mil en concepto de responsabilidad civil.

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Saca, su exsecretario privado Élmer Charlaix, el exsecretario de la Juventud, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; así como los exempleados de la Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera; se adhirieron a un proceso abreviado en el que se declararon culpables de haber desviado fondos públicos para beneficios personales.

Pablo Gómez, exempleado de Casa Presidencial, fue el único que rechazó declararse culpable y expresó su última petición a los tres jueces. “Quiero pedirles que hagan una consideración a mi persona. Me considero inocente de las acusaciones que me hace la Fiscalía, es un error en el caso de mi persona”, dijo Gómez.

El exmandatario explicó que cuando asumió la Presidencia el 1 de junio de 2004 y firmó el reglamento para el manejo de los gastos reservados, ordenó la creación de cuentas bancarias para mover el dinero y que lo hizo como se habí­a hecho en gobiernos anteriores.

“Me aproveché de los escasos controles sobre las dos cuentas que abrió Élmer Charlaix (su secretario privado) para sustraer dinero con el que se pagaba a otras personas”, dijo en su confesión.

También admitió que entregaba $100 mil mensuales a varias empresas de publicidad que no prestaban servicios y que del total de dinero que llegaba de la Casa Presidencial pedía una devolución de 80 % de lo contratado con sus empresas y permitía que los otros se quedaran con el 20% restante.

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Además de cumplir la pena de cárcel, la ley obliga a los condenados por corrupción a compensar al Estado con los bienes que adquirieron con los fondos públicos.

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