El tema del fuero de los funcionarios vuelve a estar sobre la mesa tras el reciente nombramiento del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, como viceministro de Seguridad Pública.
Años atrás también ha habido casos de funcionarios que también fueron designados en diferentes cargos, desde viceministerios a embajadas, como un mecanismo para evitar enfrentar la justicia. Fue en la administración del FMLN cuando blindaron al entonces dirigente efemelenista, José Luis Merino, sobre quien pesan múltiples acusaciones por diversos ilícitos. Estos son algunos funcionarios que buscaron protección en fuero:
El presidente Nayib Bukele blindó recientemente al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, al nombrarlo como viceministro de Seguridad Pública, en el contexto de que el funcionario ha venido cosechando duras críticas por desobedecer órdenes de una autoridad superior en dos ocasiones.
Según el Diario Oficial, el nombramiento de viceministro ad honorem se hizo el pasado 9 de octubre mediante un decreto ejecutivo, una designación que no tiene precedente, ya que es la primera vez que un director de la corporación policial en funciones es instalado en un cargo.
Además, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Policía, en su artículo 7, señala que el cargo de Director General es “incompatible” con el desempeño de otro cargo público.
Con esa decisión, el jefe policial adquiere un blindaje y no puede ser sometido a un proceso judicial sin pasar por un procedimiento de desafuero por la Asamblea Legislativa.
El acuerdo de nombramiento No. 384 fue publicado en el Diario Oficial del 12 de octubre, anterior.
Arriaza Chicas ha sido señalado de incumplir con los deberes que le manda la Constitución salvadoreña, específicamente el art.132, al no llevar por apremio ante la Asamblea Legislativa, al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
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Sigfrido Reyes
En 2017, el canciller de la República, Hugo Martínez, confirmó que el nombramiento de Sigfrido Reyes como embajador fue una recomendación del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén para “dar más interlocución” a su cargo de presidente de Proesa.
Además, dijo que la inmunidad diplomática es diferente al fuero constitucional por lo que aseguró que Cancillería cooperaría si se llegara a dar un requerimiento judicial contra Reyes.
El Órgano Ejecutivo, en el ramo de Relaciones Exteriores, dio a conocer el nombramiento del presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversión en El Salvador (Proesa) como Embajador en Misión Especial para la promoción de las exportaciones e inversiones de El Salvador.
Esto, según Martínez, se ampara en la Convención de Viena y no otorga “impunidad” a Reyes para no enfrentar a las autoridades ante investigaciones de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, es implicado en una presunta red de lavado de dinero y estafas. Tiene calidad de prófugo.
Reyes salió del país el 22 de noviembre de 2019 cuando ya enfrentaba un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
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José Luis Merino
En 2016 se dio otro cargo para otorgar fuero. En la gestión del FMLN se blindó a José Luis Merino, sobre quien pesan múltiples acusaciones por diversos ilícitos.
Tras haber sido diputado de Parlamento Centroamericano, gozó de inmunidad, pero en 2016, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén decidió blindar aún más al también dirigente de ALBA Petróleos, investigada por delitos como presunto lavado de dinero.
El 20 de octubre de 2016, Merino fue juramentado como “viceministro de Inversión”, una oficina dentro de la Cancillería que no existía y no desconocía sus funciones, según confirmaron en su momento fuentes de El Diario de Hoy y que le permitió seguir gozando de fuero.
Fue en ese período en que vinieron sobre él las acusaciones de Estados Unidos. A través del Departamento de Estado, lo vinculó al tráfico de armas con la guerrilla de las FARC y al lavado de dinero, a través de “empresas de papel” en Panamá, país donde aseguraron habría movido unos $400 millones en varias cuentas.
En su momento, el FMLN las ha tildado de infundadas y “calumniosas”.