Un “fraude a la Constitución y un fraude a la ley” constituye el nombramiento del director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, como viceministro de Seguridad Pública ad-honorem, a juicio del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya.
¿Por qué un fraude a la Constitución?
Porque el artículo 159 de la Constitución determina que “la Seguridad Pública estará a cargo a la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista”.
Sin embargo, el presidente le está confiriendo un cargo político al director de la Policía y esto contraría la Carta Magna que busca precisamente impedir que se politice la dirección general de la Policía Nacional Civil.
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“El cargo de viceministro es definitivamente un cargo de confianza político del presidente, por lo cual a efectos prácticos este nombramiento es un fraude al artículo 159 de la Constitución”, expresó el abogado, quien trabajó varios años en la Sala de lo Constitucional y es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Si bien el director de la Policía Nacional responde al Presidente de la República, pero es algo muy diferente que desempeñe un cargo de naturaleza estrictamente política, subrayó.
¿Por qué un fraude a la ley?
Porque el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil establece que “el cargo de Director General de la Policía Nacional Civil es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, excepto las actividades de carácter docente y cultural”.
“Es contundente” esta disposición, subrayó Anaya a El Diario de Hoy.
“Este nombramiento que ha hecho el presidente es inconstitucional e ilegal”, enfatizó.
Para Anaya, es obvio que el presidente nombró a Arriaza para darle fuero, pero esta inmunidad no le exime de responder por conductas ilegales de antes de ser nombrado como Viceministro.
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La Asamblea Legislativa ha certificado o informado a la Fiscalía General que Arriaza no ha cumplido en dos ocasiones el mandato de llevar por apremio a los ministros de Hacienda y Salud, además de no cumplir con la orden del Ministerio Público de despejar la entrada a un relleno sanitario que había sido tomada por sindicalistas.
“Un fraude a la Constitución porque se intenta burlar la Carta Magna que obliga a la apoliticidad del director de la PNC, y un fraude de ley, porque se le nombra como viceministro peses a que es incompatible”, remarcó Anaya.
Nombramiento como viceministro
Según el Diario Oficial, el nombramiento de viceministro ad honorem se hizo el pasado 9 de octubre mediante un decreto ejecutivo, una designación que no tiene precedente, ya que es la primera vez que un director de la corporación policial en funciones es instalado en un cargo.
Con esa decisión, el jefe policial adquiere un blindaje y no puede ser sometido a un proceso judicial sin pasar por un procedimiento de desafuero por la Asamblea Legislativa.
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El acuerdo de nombramiento No. 384 fue publicado en el Diario Oficial del 12 de octubre, anterior.
Arriaza Chicas ha sido señalado de incumplir con los deberes que le manda la Constitución salvadoreña, específicamente el art.132, al no llevar por apremio ante la Asamblea Legislativa, al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Otras reacciones sobre el nombramiento
El abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, explica que lo que observa en este nombramiento es que el presidente Bukele quiere darle una protección legal al funcionario al darle fuero.
“Es una maniobra para darle protección legal al director de la Policía ante el hecho de que lo puedan denunciar por delitos como desobediencia, actos arbitrarios. Ese nombramiento no es correcto lo que se está haciendo porque se le está dando un cargo político a un director de la Policía cuando debería de ser fundamentalmente un cargo técnico”, dice Bertrand Galindo.
La abogada Marcela Galeas opina que la Ley Orgánica de la PNC establece que no es compatible que Arriaza Chicas tenga ambos cargos, ya que dicha ley expresa que el ser director de la PNC es incompatible con el desempeño de otro cargo público.
“Este nombramiento responde a querer establecer algún tipo de protección al señor Arriaza, porque él ha cometido varios delitos como director de la PNC, y entre ellos está el de incumplimiento de deberes y desobediencia”, opina Galeas.
Dichos delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones.
“El ser nombrado como viceministro de Seguridad no trae consigo que no se le va a poder aplicar la ley penal, de hecho, el fuero para el viceministro no aplica de manera retroactiva, así que no se va a aplicar (el fuero) a los delitos cometidos antes de recibir el nombramiento. Lo que se debe de iniciar es la persecución penal por parte de la Fiscalía por los delitos que el señor Arriaza cometió como director de la Policía, y que debe someterse al proceso penal ordinario, como lo ordena la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil”, afirma Galeas.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, expone que no hay duda que la intención del Gobierno es buscar brindarle el fuero constitucional al director de la PNC, ante las ilegalidades que ha cometido en el desempeño del cargo, porque puede ser juzgado con solo la orden de la Fiscalía, y al darle el fuero, ya no sea juzgable y tenga que pasar el antejuicio ante la Asamblea Legislativa.
“La primera valoración sobre el nombramiento es que significaría un fraude a la Constitución porque están utilizando la figura del nombramiento para de evadir la responsabilidad penal que pueda tener el director de la Policía”, dice Escobar.
Javier Castro, director de estudios legales de Fusades opina que es preocupante porque parece una maniobra para darle inmunidad al director Arriaza Chicas, un funcionario que tiene algunas investigaciones por parte de la Fiscalía.
“Vimos que la Asamblea certificó a la Fiscalía las situaciones de desobediencia, y justamente viene a suceder este nombramiento que genera preocupación al pretender darle inmunidad a un funcionario y blindarlo ante la justicia”, sostiene Castro.