El partido FMLN presentó este miércoles un proyecto de ley transitoria para que se difiera por tres meses el pago de los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía e internet (como se hizo en marzo, abril y mayo) debido a que la población ha resultado afectada por la disminución de ingresos económicos a raíz de las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19.
La disposición se aplicaría a las facturas de junio, julio y agosto de este año, explicaron las diputadas Yanci Urbina y Anabel Belloso, quienes presentaron la iniciativa. Agregaron que los recibos se podrán cancelar en un período de hasta 24 meses en cuotas niveladas a partir del vencimiento del plazo postergado.
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En la propuesta, el valor de la factura por los servicios que se difiere su pago no deberán sufrir recargos por ningún concepto de mora, intereses u otra penalidad; es decir que solo será el valor del servicio pendiente el que se trasladará en pagos parciales. Se excluirá de la aplicación del decreto el pago de las tasas municipales cargadas en la factura del servicio de energía eléctrica.
En el caso de la factura de energía eléctrica se dispone que cuando se trate de personas naturales se aplicará estos beneficios solamente si su factura tiene un consumo promedio de los últimos 6 meses de hasta 250/kWh-mes para tarifa residencial y 1,000/ kWh para tarifa de uso general y se incluirá el consumo de energía eléctrica de las Juntas de Agua, proyectos comunitarios y municipales.
Además, estipula que las instituciones y empresas que brindan este servicio por ninguna razón deberán suspender el servicio de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, durante la vigencia de la ley. Las empresas o instituciones prestadoras de estos servicios podrán establecer condiciones de plazo mayor u otra modalidad que beneficie a los clientes.
En marzo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una ley transitoria para demorar el pago de dichas facturas por los meses de marzo, abril y mayo y con ello aliviar el bolsillo de las personas naturales, jurídicas y municipalidades que de forma directa o indirecta hubieran salido perjudicadas por el estado de emergencia decretado el 14 de marzo.
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