La Fiscalía General de la República (FGR) pidió este lunes que los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, sean condenados a nueve años de prisión por supuestos actos de corrupción en la administración de las tiendas penitenciarias.
Tras presentar sus alegatos finales en el juicio contra los exfuncionarios, los fiscales pidieron al Tribunal Quinto de Sentencia las penas de cinco años de cárcel por el delito de administración fraudulenta y cuatro por actos arbitrarios.
Los fiscales argumentaron ante los jueces que los dos peritos contables concluyeron que los gastos de inteligencia que les cuestionan a los exfuncionarios no tienen justificación legal.
Agregaron que tampoco existe una cuenta en la contabilidad de las tiendas con ese rubro, es decir, gastos de inteligencia.
"No es posible que los directores dispongan de esos fondos a su libre albedrio", dijo uno de los fiscales en el juicio.
Otro de los fiscales dijo que "no quedan dudas de que los procesados se tomaron atribuciones que no les daba la ley, lo que implicó una malversación de fondos y que llevó a una situación de crisis en las tiendas institucionales (de centros penales)".
Los abogados defensores de Rauda y Hernández pidieron que sean declarados inocentes de las acusaciones que les hace la Fiscalía General.
Manuel Chacón aseguró que los fiscales no lograron demostrar que existe una víctima en el caso de la administración fraudulenta.
"Mis defendidos han administrado fondos de la supuesta víctima Killer. Además la población reclusa no ha autorizado legalmente a Killer para que los represente como víctima", afirmó Chacón.
Rauda indicó en el juicio que "nosotros jamás administramos fondos que no fueran de la Dirección de Centros Penales... Mediante la inteligencia evitamos motines entre los reclusos y matanzas como ocurrían en administraciones anteriores".
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Agregó que "sea declarado inocente de esta acusación infundada, ya son cinco años de venir batallando".
Expresó que existe en la contabilidad de las tiendas penitenciarias una cuenta para gastos de inteligencia.
Hernández aseguró que "en ningún momento hemos actuado con dolo durante nuestra gestión en Centros Penales. No nos hemos beneficiado de esos fondos de las tiendas, ni Fiscalía ha demostrado que nos hemos beneficiado con esos fondos".
El Tribunal Quinto de Sentencia dará el viernes próximo el veredicto en este caso.