Fiscal ignora lista Engel y asegura que continuarán acciones penales en contra de gobiernos anteriores

Rodolfo Delgado aseguró a los diputados que tienen en la mira a la administración del expresidente Funes, quien según dijo, malversó $37 millones por año mientras fue presidente. El fiscal impuesto no habló de investigar a funcionarios señalados por el gobierno de EE.UU. en la lista Engel.

Por Eugenia Velásquez | Jul 08, 2021- 14:04

Fiscal impuesto, Rodolfo Delgado durante allanamiento en sede de ARENA. San Salvador, 1 de julio 2021 Fiscalia allana sede de ARENA por caso Taiwan Foto: Francisco Rubio

El fiscal Rodolfo Delgado aseguró en la Asamblea que acciones como la realizada el fin de semana pasado en contra de ARENA seguirán dándose por parte de la Fiscalía, pero serán por “peculado y lavado de dinero” de fondos del Estado de gobiernos anteriores.

No mencionó a los funcionarios del actual Ejecutivo vinculados a actos de corrupción en la Lista Engel publicada por el gobierno de EE.UU., ni de otros personajes del FMLN y empresarios que fueron citados por el gobierno estadounidense.

“Vamos a continuar con este tipo de acciones, muestra idea es en vista de que ya contamos con diferente información correspondiente a diferentes peculados y lavado de dinero realizados en diferentes administraciones en el pasado es que vamos a iniciar las acciones correspondientes, acciones en las que vamos a hacer uso de todas nuestras herramientas legales bajo un marco de respeto y de garantizar el derecho de defensa en todo momento”, aseguró Delgado.

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El caso que la Fiscalía tiene con mayor claridad es el de la administración del expresidente Mauricio Funes, a quien señaló que los datos que poseen les indican que el exfuncionario cometió peculado (malversación de fondos públicos) en $37 millones por cada año que fungió como presidente, es decir, $185 millones.

“Vamos a ser implacables en cuanto a tratar de establecer con claridad cuántos fueron los montos que se fueron apropiando en las diferentes administraciones, solo datos de la administración del expresidente Funes indican que esas cantidades pudieron rondar en $37 millones por año. Este es un objetivo claro de la Fiscalía que tenemos que recuperar todos esos dineros peculados”, afirmó Delgado.

Explicó que es posible que en algunos casos encuentren más o menos evidencias, pero la intención es llevar a la mayor cantidad de involucrados a los tribunales de justicia y no solamente abarcar a la administración de Funes.
Dijo que buscan que esos dineros malversados sean reintegrados al Estado. “Es una administración que pongo de ejemplo, de lo que no se tiene que hacer con dineros que pertenecen al Estado salvadoreño”, aseveró Delgado.

Lista Engel: Funcionarios de Bukele entre los designados por corrupción por EE.UU.

Sin embargo, no mencionó qué medidas tomará en contra de los funcionarios actuales del gobierno del presidente Nayib Bukele, que según la Lista Engel están vinculados a actos de corrupción, entre ellos, la jefa del Gabinete, Carolina Recinos y el secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro.

Sobre el proceso llevado a cabo en la sede de ARENA en San Salvador, expresó que se ejecutaron varias acciones, que van desde el embargo, allanamiento de las instalaciones, una anotación preventiva y secuestro de la deuda política, esto ante la pregunta de los periodistas de que la dirigencia de ARENA cuestionó que no les presentaron ninguna resolución del juez competente para ejecutar el procedimiento.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para El Desarrollo (Funde), explicó en su cuenta de Twitter que desde el 1 de mayo con la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal general y con la promulgación de leyes exprés como la “Ley Alabí” el Estado salvadoreño ha violado reiteradamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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En un cuadro resumen enumeró los incumplimientos a dicha Convención por parte del Estado salvadoreño.

Con la ruptura institucional por violación a la independencia judicial y del Ministerio Público, a través de la destitución de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, el Estado incumplió con su obligación de mantener y reforzar la independencia judicial y del Ministerio Público.

Con la aprobación de la Ley Alabí que blindó a funcionarios del gobierno actual de demandas por el manejo de fondos durante la pandemia, el Estado incumplió la obligación de adoptar medidas para garantizar la indemnización por actos de corrupción y establecer responsabilidad para quienes participen en delitos relacionados con la corrupción, entre otros aspectos.

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