Ante las constantes denuncias sobre el quebrantamiento de la democracia en El Salvador y la violación al Estado de Derecho por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, el vicepresidente de la República (con licencia) y candidato a un segundo periodo en el cargo, Félix Ulloa, reconoció que en el modelo de gobierno de la actual gestión “sí” existe un “desmantelamiento de la democracia” en el país.
Ulloa manifiesta que no solo se trata del desmantelamiento de un sistema político democrático, sino que la administración del gobierno de Bukele busca “eliminarla” y que se está construyendo "algo nuevo".
“A esta gente que dice que se está desmantelando la democracia. Mi respuesta es sí. No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo”, dijo el vicepresidente, cita incluida en una nota publicada por New York Time en una nota este 2 de febrero de 2024.
El funcionario calificó el sistema democrático en el país como “podrido”, “corrupto” y “sanguinario”.
Según sus declaraciones retomadas por el medio estadounidense, este sistema “solo benefició a políticos corruptos y dejó al país con decenas de miles de personas asesinadas".
“Eso era podrido, eso era corrupto, eso era sanguinario”, puntualizó.
En un Twitter Spaces realizado el 3 de enero de 2024, Bukele dijo que no piensa buscar una "reelección indefinida", pues "la norma actual no lo permite", subraya el artículo del New York Times; pero luego incluye otra opinión del vicepresidente Ulloa, quien dijo que la gran mayoría del país en realidad quiere que Bukele sea presidente "para toda la vida".
El New York Times hace un recuento además de los abusos de poder, violación a derechos humanos y medidas autoritarias de la actual administración. Asimismo se refiere a los avances en materia de seguridad y presenta testimonios de madres cuyos hijos fueron detenidos durante el régimen de excepción.
Dentro de esto señala la destitución de los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para luego nombrar a magistrado afines al gobierno “quienes luego reinterpretaron la Constitución para permitirle (al presidente Bukele) postularse de nuevo”.
Sobre la violación a derechos humanos, el New York Times se refiere a 75,000 personas que han sido encarceladas en El Salvador bajo el régimen de excepción, incluidas 7,000 que finalmente fueron liberadas por no encontrar pruebas contra ellos y “miles más que no son miembros de pandillas pero siguen tras las rejas” y denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Cristosal y Human Rights Watch informaron que los reclusos estaban siendo torturados y privados de alimentos. Sus destinos se decidieron en juicios masivos con jueces cuyas identidades se mantuvieron en secreto”, puntualiza el medio. Estos hechos continúa fueron descrito por Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, como “crímenes contra la humanidad”.
Juristas y expertos en derechos humanos en El Salvador además de entidades internacionales y la misma sociedad civil han señalado la centralización de los poderes, la intención sistemática por silenciar a las voces críticas del poder, el amedrentamiento al ejercicio periodístico y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ejercida por el actual gobierno, además de la falta de transparencia y opacidad, así como la reelección presidencial como medidas violatorias a la democracia y los derechos constitucionales.