El vicepresidente Félix Ulloa reconoció en su cuenta de Twitter que el proyecto de reforma a la Constitución es realmente “una nueva Constitución”, pese a que la misma Carta Magna establece que solo pueden hacerse reformas a la misma y no crear una nueva.
Ulloa admitió que es una nueva Constitución en un mensaje de agradecimiento al consultor y catedrático español Cayetano Núñez Rivero, quien colaboró en la revisión de propuestas de reforma constitucional.
“Un merecido reconocimiento para un gran jurista/constitucionalista español. Estimado Dr. Cayetano Núñez Rivero, las futuras generaciones de El Salvador agradecerán tu participación junto al Equipo Ad Hoc, redactando la nueva Constitución.”, tuiteó el jueves Ulloa en su cuenta oficial junto a una foto del jurista saludando a Nayib Bukele.
A juicio de dos abogados, el proyecto de Ulloa busca saltarse los controles que la misma Constitución impone para desecharla y poder hacer una nueva conforme a las pretensiones del actual Gobierno.
“No se puede, aquí no hay forma de hacer (una nueva), se puede reformar ahí el vicepresidente se excedió en la expresión de decir una nueva Constitución, pero reafirma lo que todos sospechábamos de qué eso es lo que quiere. La intención es deshacerse de la Constitución actual y hacer una nueva, en el fondo eso buscan. El artículo 248 de la Constitución no permite hacer nueva sino reformas”, explicó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente.
El artículo 248 establece que la Constitución puede ser reformada con la mitad más uno de los diputados (43 votos) y que el cambio debe ser ratificado por la siguiente legislatura con un tercio de los diputados, es decir 56 votos. El mismo establece que la Carta Magna no puede ser reformada en cuanto a la forma de Gobierno, territorio ni alternancia en la presidencia de la República.
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Ese es el único artículo que establece la forma de cambiar la Constitución y no se refiere a ninguna forma de hacer una nueva.
De acuerdo a Hernández Valiente, el Gobierno de Nayib Bukele busca precisamente “saltarse esa barrera” que impone la Constitución misma para poder hacer una nueva ley máxima.
“La forma de eludir esas disposiciones que limitan cualquier trabajo en la Constitución es decir que es una reforma pero en el fondo lo que buscan es una nueva a través de destruir las cláusulas pétreas”, valoró el exmagistrado.
En efecto, el vicepresidente Ulloa propone varios puntos polémicos: uno de ellos es que los ciudadanos puedan votar vía referéndum si están de acuerdo con reformas a la misma Constitución, algo que supone eliminar filtros a la misma. Además ya no prohíbe expresamente tener un partido único. Ambas propuestas riñen directamente con el espíritu que los constituyentes de 1983 dejaron establecido.
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Al respecto de lo dicho por Ulloa, el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo consideró que una nueva constitución no puede hacerse de manera formal mediante una reforma, por lo tanto han intentado reformarla para cambiarla por completo.
“Lo que pasa que la reforma lo que ha planteado es que es una reforma de 200 artículos, pero es una nueva Constitución, no cabe duda. Al momento, la única forma de hacerlo es meter un decreto con las 200 reformas o hacen 200 decretos, es la única forma”, razonó el constitucionalista.
El también constitucionalista Enrique Anaya ya había advertido en un artículo de hace unas semanas de que la pretensión de Ulloa y su equipo ad hoc era dar al traste con la actual Carta Magna para hacer una a su medida.
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“Lo que el vicepresidente y sus ‘cheros’ propondrán no es una ‘nueva’ Constitución, sino la formalización jurídica de un régimen autoritario de corte familiar, donde la voluntad y el capricho del ídolo serán la última palabra”, escribió Anaya en su columna.
Según Fusades, desde 1871 las constituciones salvadoreñas se encontraban bajo un esquema rígido, en el cual su reforma era complicado, pero desde 1983 se estableció un régimen “semirígido” de reforma, es decir que se pueden reformar en mediante dos legislaturas diferentes.
La actual bancada oficialista cuenta con los votos suficientes para hacer la reforma en primera instancia, pero luego, en mayo de 2024 cuando entre la nueva legislatura se debe ratificar ese mismo cambio por 56 votos.