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Constitución propuesta por la Presidencia de la República amenaza la libertad de prensa

El proyecto de una nueva Constitución que está promoviendo el oficialismo incluye requisitos a los medios para colaborar con el Estado. Según expertos, esto puede abrir la puerta a censuras y arbitrariedades.

Por Ricardo Avelar | Ago 29, 2021- 21:36

Nayib Bukele le encargó a Félix Ulloa liderar el equipo de cambios a la Constitución. Foto EDH / Archivo

El proyecto de una nueva Constitución que promueve la Presidencia, a través de un equipo liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, sigue generando preocupaciones por sus posibles implicaciones negativas para la democracia y las libertades fundamentales en El Salvador, incluyendo las de expresión y prensa.

Este proyecto tiene una génesis ilegítima, pues ha surgido del gobierno central, lo que contradice el procedimiento para reformar la ley máxima y, de hecho, ya hay demandas de inconstitucionalidad al respecto. Además, es promovido por el mismo gobierno que en repetidas ocasiones ha incumplido la ley y ha dado golpes al balance de poderes y derechos de los ciudadanos.

El borrador que Ulloa ha dado a conocer abre la puerta a nuevos cuerpos armados, elimina filtros para la elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, fiscal general, entre otros), y facilita el camino a reformar la Constitución misma, lo que podría dejar al principal cuerpo legal vulnerable a vaivenes de opinión pública.

Y la libertad de prensa, que este gobierno no ha dudado en atacar, también está en riesgo detrás de esta nueva Constitución. En el proyecto trabajado por Ulloa y su equipo hay una propuesta de reforma al artículo 53 de la carta magna, el cual actualmente establece que “el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico”.

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La nueva redacción del artículo, que es parte del paquete que se presentará a Nayib Bukele el 15 de septiembre, añade entre otras cosas que “los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la promoción de la educación y la cultura, en los términos establecidos por la ley”.

Si bien la propuesta de modificación del artículo puede resultar inofensiva, fuentes consultadas por El Diario de Hoy consideran que abre una puerta peligrosa, pero discreta, para violaciones a la libertad de prensa, máxime si se toma en cuenta el récord de desprecio al ejercicio periodístico que lleva a cabo el gobierno del presidente Bukele.

Según Enrique Anaya, abogado que ha interpuesto una demanda contra el proceso para una nueva Constitución, “el peligro más evidente es que sea el Estado quien determine, a modo de censura previa y/o sanciones, el contenido de las publicaciones de medios”.

Esto, explica el jurista, puede darse “al imponer a los medios la obligación de colaboración con el Estado”, lo que según él abre la puerta a determinar qué debe publicarse. “Así, entonces, en la práctica se enerva la libertad de prensa”, añade.

Anaya agrega que el Ejecutivo ha tenido cuidado de no cercenar el artículo 6, que habla sobre la libertad de expresión, pero que han intentado ocultar este golpea a la libertad de prensa entre derechos sociales.

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César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), ve innecesario reformar este artículo de esa manera y ve riesgos en la propuesta de Ulloa.

“El periodismo ya hace una labor formativa o educativa sin necesidad que lo pongan en la constitución o una propuesta de reforma constitucional”, explica Castro Fagoaga e ilustra que lo hace “cuando forma e informa a la ciudadanía sobre la importancia de la vacunación o cuando, por ejemplo, da cuenta de cómo la corrupción daña al país según el gobernante de turno que esté”.

El presidente de APES ve con preocupación que, más allá de la reforma puntual, quien va a estar a cargo de implementarlas es un “Estado totalitario que prioriza la propaganda sobre la información y las emociones sobre el raciocinio”.

¿Ley de comunicaciones?

Según Mauricio Alarcón, fundador y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, a simple vista no parece haber riesgo, pues es deseable que haya una buena relación entre los medios y el Estado para promover la educación y la cultura.

Sin embargo, el abogado especializado en la defensa de la libertad de expresión y de prensa ve problemática la parte final del inciso que atañe a los medios de comunicación, que hace referencia a que la colaboración se dará “en los términos establecidos por la ley”.

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“Si hablamos de términos establecidos por la ley, nos preguntamos cuál. ¿Se trata de una vigente que va a ser reformada o una nueva, similar a la que se implantó en Ecuador en 2013?”, cuestionó Alarcón. Con esto, se refiere a la normativa usada por Rafael Correa para castigar medios y perseguir periodistas que contrastaban la línea oficial del gobierno.

El ecuatoriano añadió que derivar la relación entre medios y el Estado a una norma secundaria es una amenaza para la libertad de prensa y el acceso a información pública. Asimismo, considera que a la luz del buen derecho constitucional, no es deseable dejar en una Constitución un apartado con contenido abierto, especialmente en temas sensibles.

Según el abogado Enrique Anaya, hay un riesgo latente de que el gobierno busque controlar más a los medios y, por ende, la información que estos publican.

Según Castro Fagoaga, no es casualidad que el artículo modificado haga referencia a una ley que aún no existe. “Esa reforma que se plantea, como muchas otras cosas que hace esta administración, no está bien explicada”, critica, y amplía que el gobierno de Bukele “juega a eso, a no tener claridad y abrir la puerta a cualquier arbitrariedad y, como hemos visto en su administración, eso es una regla”.

Pobre récord

Según los expertos consultados por este medio, es particularmente riesgoso que sea este gobierno, con su récord antiprensa, quien proponga reformar la relación entre los medios y el Estado.

Durante su gestión, Nayib Bukele ha propinado duros golpes a la libertad de prensa y el ejercicio periodístico. Ya sea mediante el bloqueo sistemático de información, la estigmatización de periodistas, usar el músculo regulador de su gobierno para castigar medios o por medio de agresiones y amenazas directas, su gobierno está pasando rápidamente a la historia como uno de los mayores enemigos de la libertad de expresión y de la transparencia.

Por ello, por más inofensivo que pueda resultar este artículo que propone el equipo de Ulloa, en manos de un gobierno antiprensa puede significar otra vía de censura y control de contenidos, advierten.

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