Una de las reformas propuestas por el vicepresidente Félix Ulloa que más inquieta a los abogados y defensores de derechos humanos es la que se refiere a los grupos armados.
Actualmente el último inciso del artículo 7 de la Constitución de la república prohíbe expresamente los grupos armados: “Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial”, reza la frase.
Sin embargo, la propuesta del borrador de la comisión Ad hoc dice así: “Se prohíbe la existencia de grupos armados, salvo los casos previstos por la ley”.
Este agregado, según abogados consultados, es inquietante, porque no especifica a qué grupos armados podría referirse, a parte que podría abrir la puerta a, precisamente, la existencia de otro tipo de grupos armados.
“Es importante entender que ni la Fuerza Armada ni la PNC son grupos armados: son instituciones autorizadas directamente por la Constitución, no son grupos armados como tal”, ilustra el abogado constitucionalista Enrique Anaya.
Para el jurista, es importante que Ulloa o el equipo Ad hoc aclaren la intención de añadir ese inciso.
“Acá no queda claro a que se quiere referir. No tengo claro, me da temor francamente cuáles serían los casos previstos por la ley”, dijo.
Ante la falta de información y por los rasgos autoritarios que ha demostrado el gobierno de Nayib Bukele, el abogado teme que incluso este inciso abra la puerta a grupos armados estilo los de los regímenes de Hugo Chávez-Nicolás Maduro en Venezuela o los del régimen cubano de los Castro.
“Teniendo en cuenta el carácter autoritario de la actual administración esto obliga a especular.. no sé si se refiere a los comités de barrio cubanos o a los círculos bolivarianos de la defensa”, dijo Anaya.
El abogado va incluso más allá, aunque aclaró que esto es especulación ante la falta de información, y dijo que teme que se trate de un tipo de legitimación de las pandillas.
“Si unimos las circunstancias de que hay investigaciones periodísticas de que hay negociaciones entre esta administración y las pandillas y si tomamos en cuenta la Corte Suprema si va decidir o no por la extradición de miembros pandillas…Es pura especulación y no estoy imputando pero no se si va procurar algún mecanismo de legalización de pandillas a entrecomillas a fin de legitimar negociaciones… no lo sabemos. Se genera especulación porque estos temas no los hemos discutido”, valoró el constitucionalista.
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Hasta el momento, el vicepresidente Félix Ulloa tiene una semana de estar reuniéndose con algunos sectores en torno a los cambios propuestos aunque no ha especificado si habrá oportunidad de hacer cambios a las redacciones de los artículos propuestos.
Celia Medrano, abogada defensora de derechos humanos, mostró su preocupación por la puerta abierta que deja esta reforma si se aprueba tal como está.
“La reforma planteada al art.7 constitucional deja una ambigüedad sumamente peligrosa al pretender quitar la clara prohibición de existencia de grupos armados de carácter político. La reforma que se propone busca dejar abierta la existencia de grupos armados de carácter político salvo casos previstos por una ley que no se especifica”, manifestó.
Medrano pone el dedo en el renglón tomando en cuenta las intenciones que han mostrado actores políticos ligados a este gobierno.
“Esto puede entenderse de diferentes maneras partiendo de intencionalidades manifestadas públicamente por actores vinculados con la actual gestión gubernamental. El Ministro de Defensa ya ha solicitado en la comisión gubernamental que redacta las reformas constitucionales levantar restricciones a miembros de la Fuerza Armada para participar en política. También el diputado Gallegos ha sido señalado de apoyar la formación de grupos civiles armados supuestamente para enfrentar a actores de criminalidad organizada responsabilizados de provocar desplazamiento forzado”, argumentó la abogada.
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