Las tormentas que cayeron en El Salvador en las últimas tres semanas se convirtieron en la primera prueba de fuego que afrontaron 60 familias desde que fueron desalojadas por una orden judicial, el 18 de mayo pasado, de la finca El Espino, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Desde esa fecha, decenas de personas viven, junto con sus mascotas, bajo improvisadas carpas de plástico negro instaladas en el arriate de la plaza República de Colombia, sobre el bulevar Cancillería.
Estas champas contrastan con los amplios y modernos edificios que les rodean: el del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de la Academia de Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés).
Los afectados se han quedado a vivir a la intemperie porque no tienen a dónde ir. Ellos están esperanzados a que el Gobierno cumpla con la promesa que les hizo el 25 de julio anterior de cederles una propiedad para que puedan asentarse.
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Una septuagenaria relata la frustración que siente por vivir, desde hace cinco meses, bajo una carpa de plástico tras ser desalojada junto con varias familias por una orden judicial.
El terreno que ese día les ofreció una comitiva encabezada por el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, mide cerca de dos manzanas y está situado entre los bulevares Cancillería y Monseñor Romero; colinda con la finca de donde fueron expulsados.
Lo poco que saben los moradores es que la propiedad es supuestamente del Ministerio de Hacienda, pero que, aparentemente, en el Centro Nacional de Registros han descubierto que tiene otros dueños.
En la reunión que los pobladores sostuvieron con Rodríguez y otros funcionarios, dicen que les explicaron que a partir de esa fecha debían esperar dos meses para que el caso fuera abordado en el Consejo de Ministros y luego la propuesta sería enviada a la Asamblea Legislativa para que la aprobara. A tres meses del encuentro, los afectados siguen esperando respuesta.
También han recibido ofertas de otras entidades, como Techo, una organización que aglutina a voluntarios que construyen viviendas dignas a quienes habitan en condiciones de pobreza. La gestión no prospera, según los lugareños, porque no cuentan con los permisos de la alcaldía para hacer las casas.
El día a día de los afectados
El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán ordenó desalojar a las familias tras entablar diversas batallas legales que iniciaron en 2014, cuando la familia propietaria del terreno demandó a los habitantes de la comunidad por invasión de la propiedad privada.
Los moradores se han visto obligados a habitar en reducidos espacios en los que apenas caben sus camas y las pocas pertenencias que pudieron recuperar el día que fueron sacados de las casas.
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El clima no ha estado a su favor. Cuando está soleado deben permanecer en la calle o buscar la sombra de los árboles porque el calor bajo los gruesos plásticos es sofocante. Si llueve, el agua se empoza bajo las camas y cuando hace viento casi desarma las carpas.
Como no tienen energía eléctrica, los estudiantes aprovechan la luz del día para hacer sus tareas en la calle y cuando llueve o cae la noche deben encender una candela.
Para cocinar lo hacen en la calle o en la zona verde. Se abastecen de agua en tres cantareras que les puso la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) tres días después de ser desalojados.
Para ir a los sanitarios caminan varios metros para llegar hasta las ocho fosas habilitadas cerca del terreno que se les ha prometido.