Falta estudio legal a la oferta de Bukele de recibir en el país a presos de EE.UU.

La oferta que hizo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de recibir en el país a criminales convictos de EE.UU. y enviarlos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) "a cambio de una tarifa", tiene que pasar por una revisión legal, según lo indicaron las mismas autoridades estadounidenses.

Bukele anunció en redes sociales el lunes el ofrecimiento hecho a EE.UU. de "externalizar" parte de sus sistema penitenciario. "La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario", aseguró.

Al respecto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró de acuerdo ayer con la idea de enviar a presos violentos reincidentes, incluidos ciudadanos estadounidenses, a otros países por un costo inferior al que se paga en Estados Unidos; pero esta debe pasar por revisión legal.

"Si tuviéramos derecho legal a hacerlo, lo haría sin dudarlo. No sé si lo tenemos o no. Ahora mismo lo estamos examinando, pero podríamos hacer tratos para sacar a estos animales de nuestro país", afirmó el republicano en la Casa Blanca, donde redactó una serie de decretos y memorandos.

"No es diferente de nuestro sistema penitenciario, excepto que sería mucho menos costoso, y sería un gran elemento disuasorio", estimó Trump.

También el secretario de Estado reconoció este martes que se debe revisar la legalidad de una oferta de El Salvador para acoger a prisioneros estadounidenses, pero dijo que valía la pena considerar la propuesta.

"Obviamente, tendremos que estudiarlo por nuestra parte. Obviamente, hay asuntos legales a considerar", dijo Rubio a la prensa en Costa Rica, al referirse a la propuesta hecha el lunes por Bukele.

En una publicación en la misma red la mañana de este martes, el secretario Rubio calificó de "muy productiva" la reunión con el presidente salvadoreño y su ofrecimiento de recibir criminales convictos.

"En un gesto extraordinario nunca antes ofrecido por ningún país, el presidente Bukele ofreció albergar en sus cárceles a criminales estadounidenses peligrosos, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales", dijo Rubio.

Sin base legal

De acuerdo a profesionales en derecho consultados por El Diario de Hoy, no se cuenta con una base legal o un tratado precedente que habilite que personas extranjeras condenadas sean enviadas a prisiones en El Salvador.

Abraham Ábrego, jefe de litigio estratégico de Cristosal, indicó que no hay actualmente ningún convenio internacional firmado por El Salvador con Estados Unidos que se refiera a este tipo de cooperación.

"Tratándose de extranjeros condenados en otro país, El Salvador no tiene jurisdicción sobre ellos ni tampoco tendría competencia como para encarcelarlos en el territorio salvadoreño, porque no tiene una base legal. Ese acuerdo difícilmente tiene algún sustento en la legislación actual y en los tratados internacionales", afirmó.

Los tratados que tiene El Salvador con Estados Unidos y con otros países en América Latina tienen que ver con extradición o actividades de cooperación judicial o de investigación. Sin embargo, esta oferta se trata de recibir reos condenados "y que, básicamente, los administre en la cárcel", explicó.

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Sería una modalidad similar a la subcontratación que ya hay en algunos sistemas penitenciarios donde el gobierno contrata una empresa privada para administrar los centros penales.

"El problema que tiene este tipo de acuerdos o modalidades es que al tratarse de un gobierno hay un problema de competencia y de jurisdicción. Los países tienen jurisdicción para conocer, investigar, sancionar delitos que se cometan en el país, es decir, que puede ser un nacional o extranjero que cometa un delito en el país y ahí hay jurisdicción", indicó.

También el abogado José Marinero expresó que el traslado de personas condenadas a un país distinto "solo es posible cuando hay vínculos de nacionalidad o cuando el delito se cometió en ese país".

Comentó que la excepción que se conoce es cuando "nacionales de un tercer país sean alojados por otros países que han sido condenados bajo el Estatuto de Roma" de la Corte Penal Internacional.

Pero el hacer esos traslados sin ninguno de estos vínculos sería propio de un país "donde no hay Estado de derecho" y que las personas enviadas estarían en un estatus jurídico de "desprotegidos", bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño, pero sin responsabilidad con el sistema judicial local.

"Yo encuentro que no existe ningún antecedente en esas condiciones", comentó y que se debe esperar a conocer el alcance.

Pero Marinero va más allá de la parte jurídica de ese ofrecimiento y cuestiona cuál es el beneficio que traería al país.

"Me parece más que lo que hay son riesgos y amenazas. Esto va a sobrecargar más el sistema penitenciario en un país que ya tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Me parece además también que es una oportunidad para que aumenten las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario de las personas que ya están encarceladas y a lo mejor de las que vengan", sostuvo.

Y, por otro lado, considera que podría "exponer" a los delincuentes que ya están condenados en el país a la experiencia y conocimiento de otros crímenes internacionales y violentos, como el Tren de Aragua.

"Es como que van a tener especialistas internacionales enseñándoles cómo delinquir más a los delincuentes locales", comentó.

Señaló que eso hace menos atractivo al país para otros rubros como turismo e inversión.

Y el abogado Francisco Bertrand Galindo también considera que el gobierno está buscando una figura jurídica. "Es probable que firmen un tratado o un acuerdo bilateral específico entre eso y ese acuerdo debe ser ratificado por la Asamblea Legislativo", comentó.

Comentó que hace años estaba vetadas la extradición de salvadoreños y que en algún momento se habló de la posibilidad de que pudieran cumplir su sentencia en el país, aunque no hubieran sido juzgados en el país.

"Ese tipo de acuerdo no necesariamente están del otro lado de la luna, pero sí debe haber un acuerdo, no es simplemente que administrativamente van a poder hacerlos y más que todo por el tema presupuestario", expuso.