Escuchas telefónicas incluidas en el expediente judicial en contra del exfiscal general de la República, Luis Martínez (2012-2015), demuestran que el exfuncionario ignoró diferentes llamados del director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para poder procesar al ex juez Noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei.
La intervención telefónica inició en septiembre de 2014 por otro caso, en el que rastreaban llamadas para investigar una conspiración para el delito de homicidio en contra de Luis Martínez. Sin embargo, estas escuchas no arrojaron ningún resultado relacionado con el delito.
Lo que sí encontraron fue que uno de los teléfonos intervenidos, que pertenecía a Gustavo Ulises Hernández, tenía conversaciones con el exjuez Giammattei. En una de estas llamadas detectaron que se estaba cometiendo el delito de casos especiales de encubrimiento, ya que el exfuncionario le aseguró a Hernández que no estaba siendo investigado por delitos que relacionaban al exdiputado Wilber Rivera Monge, condenado a 15 años de cárcel, en julio de 2016, por el delito de lavado de dinero.
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El centro de escuchas solicitó ampliar las intervenciones a Giammattei y, según el expediente judicial al que tuvo acceso El Diario de Hoy, "se comenzó a escuchar la vinculación de éste en otros temas que eran constitutivos del delito de cohecho".
La Fiscalía ya estaba rastreando llamadas entre el exjuez y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, quien según las investigaciones era el líder de abogados del equipo del empresario Enrique Rais. Ambos se encuentran prófugos de la justicia y enfrentarán posteriormente una audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
La investigación detalló que ellos conversaron sobre actos contrarios a sus funciones como juez para favorecerlo en los casos de interés del abogado antes mencionado; además le brindaba asesorías y obtenía información, así como documentación o escritos de otros juzgados para dicho abogado, a cambio de dádivas", según establecieron los fiscales que investigaron el caso.
Empleados que daban seguimiento a estas intervenciones trasladaron el caso al director del centro de escuchas, "aunque el procedimiento era que cuando surgían nuevos delitos, como aquí había sucedido, se debía comunicar a la Unidad Fiscal correspondiente para que se le diera el seguimiento respectivo; en este caso la instrucción que dio dicho director fue de que no se comunicara a ninguna Unidad Fiscal, que después se haría, porque esas fueron las instrucciones dadas por el Fiscal General de la República licenciado Luis Antonio Martínez González", según la FGR.
Todo lo anterior se está ventilando en el juicio que desarrolla el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador contra el exfiscal Martínez, procesado por omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial; y los ex fiscales Julio Arriaza, acusado de actos arbitrarios y Héctor Grimaldi, acusado por fraude procesal. La diligencia judicial inició el 16 de junio y aún se encuentra en el desfile probatorio, en el que ya declararon aproximadamente 20 testigos. Está previsto que el próximo lunes 7 de julio declaren otros testigos y luego se continuará con los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa.
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Las intervenciones que constan en el caso revelaron que el abogado del empresario Rais hizo trato con el exjuez Giammattei, separado de su cargo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por trabajar con una compañía siendo funcionario, para afectar a Claudia María Herrera Díaz, esposa del abogado Mario Calderón.
Por este proceso, fue condenado el exjuez a un año de prisión por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, en 2021, luego que confesó haber participado en un plan orquestado por el exfiscal Martínez y el empresario Rais para acusar de forma injusta a Herrera.
Según el dictamen de acusación (el documento que elabora la Fiscalía tras meses de recabar pruebas), los empleados informaban constantemente a Julio Adalberto Arriaza González, quien también está siendo procesado en este caso y que en ese momento era director de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, y también a Martínez, pero nunca recibieron ninguna instrucción.
Pasaron los meses, y en abril de 2015 el director del Centro de Intervención se reunió con el exfiscal general, una reunión en la que le comentó las incidencias y que las escuchas estaban por finalizar. Hasta esa fecha Martínez aún no daba instrucciones sobre a qué unidad destinaría la investigación, según el dictamen.

Pero el director de ese entonces insistió al exfiscal que el caso debía judicializarse y las respuestas que recibía de Martínez eran "perame (sic), ahí vamos a ver". Otra respuesta que recibió, según su testimonio, fue: "Ya sé cómo vamos a hacer, ya sé cómo le vamos a llegar a éste, lo vamos a hacer renunciar, me voy a reunir con el Presidente de la Corte, le voy a llevar las cosas en la mano". Pero el director le insistía que lo mejor era procesarlo y presentar un antejuicio, pero no lo hicieron.
Los testigos contra Martínez
El pasado jueves 3 de julio, durante el desarrollo del juicio, declararon exempleados de la Fiscalía. Uno de estos fue Froilán Francisco Coto Cabrera, quien fungió como director del Centro de Intervención. Él confirmó la acusación de la Fiscalía y dijo que sobre el caso de Gimmattei rindió informe a la unidad del Crimen Organizado, pero no tuvo respuesta. Mencionó que él llegó a ese lugar en septiembre de 2015 y que la investigación ya estaba en curso y que era un caso en el que estaba un juez, un empresario y abogados.
"Informé a la unidad y no me dijeron nada. Luego, como inquietud mía recibí una llamada del jefe para contarme del memo. Me dijo que tenía instrucciones de dejar el caso así", declaró Coto Cabrera en el tribunal que conoce el caso.
Actualmente, Martínez tiene dos procesos judiciales abiertos por diferentes delitos vinculados a actos de corrupción. El primero, el que se ventila actualmente en el Tribunal Tercero de Sentencia, y el otro conocido como Corruptela, en el que es acusado por peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, cohecho propio, falsedad documental agravada, omisión de investigación y lavado de dinero y activos. En este caso también figuran 29 personas más. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ha programado la audiencia preliminar para el próximo 12 de agosto.
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El pasado jueves, el exfiscal fue consultado sobre las acusaciones que hace Fiscalía en su contra y dijo que tiene oportunidad de "demostrar su inocencia".
Mucha gente habla sin conocer a Luis Martínez, yo no soy una persona conspiradora. Ya he dicho muchas veces que tampoco jugué a la política, fui funcionario pero nunca jugué política y nunca estuve conspirando o queriendo dañar a nadie, solo me dediqué a hacer mi trabajo como lo ordena la ley y eso fue lo que hicimos. Ah, que hay algún tipo de vínculo con el empresario Enrique Rais, sí, así como con muchos, conozco a todos los empresarios de este país. Ah que van a decir que es pariente de Enrique Rais, para empezar no somos parientes, que él sea medio hermano del esposo de una medio tía mía no me hace ni por ley ni por nada pariente", dijo Martínez.
El exfiscal está actualmente bajo arresto domiciliario, luego que cumplió en agosto de 2021 cinco años por la condena recibida por divulgación de material reservado. Contrario a otros casos recientes, como el de la abogada Ruth Eleonora López y el abogado Enrique Anaya, a quienes les decretaron detención provisional.