Nelson Rauda y Rodil Hernández, exdirectores de Centros Penales durante la administración presidencial de Mauricio Funes, fueron condenados a dos años de prisión por el delito de actos arbitrarios, pero no pondrán un pie en la cárcel, sino que harán trabajo de utilidad pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusaba también del delito de administración fraudulenta, sin embargo, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, afirmó que el ministerio público no pudo probar tal delito.
La semana pasada, la Fiscalía afirmó que había pedido que los exdirectores fueran condenados a nueve años de prisión por supuestos actos de corrupción en la administración de las tiendas penitenciarias.
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Concretamente, los fiscales habían solicitado al Tribunal Quinto de Sentencia las penas de cinco años de cárcel por el delito de administración fraudulenta y cuatro por actos arbitrarios.
Los fiscales argumentaron ante los jueces que los dos peritos contables concluyeron que los gastos de inteligencia que les cuestionan a los exfuncionarios no tienen justificación legal y que tampoco existe una cuenta en la contabilidad de las tiendas con ese rubro, es decir, gastos de inteligencia.
Sin embargo, para el Tribunal, los actos ilegales que ambos exfuncionarios cometieron es haber dispuesto dinero de las tiendas penitenciarias para gastos de inteligencia y para hacer préstamos personales a empleados de la misma institución.
Por lo anterior, los jueces del referido tribunal impusieron la pena de dos años de prisión. Los absolvieron del delito de administración fraudulenta y de responsabilidad civil. Además, por ser la pena menor a tres años de cárcel, esta les fue sustituida por trabajo de utilidad pública.
Al final de la lectura del fallo, el abogado de Rauda y Hernández dijo sentirse satisfecho con el fallo. Uno de los fiscales del caso también dijo que era un logro de la Fiscalía que ambos exfuncionarios recibieran tal condena, a pesar de que ocho días antes habían pedido nueve años de prisión.