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Estado de Derecho en El Salvador “agoniza”, dice estudio sobre independencia judicial

El estudio realizado por Fespad y la Cooperación Alemana hacen toda una revisión de las coyunturas políticas y su impacto en el trabajo judicial de El Salvador , Honduras y Guatemala.

Por Mirella Cáceres | Jul 08, 2021- 14:52

La reciente elección de los magistrados de la Corte Suprema ha sido cuestionada por no respetar los procesos constitucionales. Foto: EDH / Archivo

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Cooperación Alemana presentaron ayer un estudio sobre el estado de la independencia y la integridad judicial en El Salvador, Guatemala y Honduras, y parte de las conclusiones es que los pesos y contrapesos están “en terapia intensiva” por la injerencia de otros poderes de Estado.

En ese sentido, dice el estudio, el estado de Derecho, que se establece para una democracia, “agoniza”.

El documento, titulado “Propuestas para fortalecer la independencia e integridad judicial en el Triángulo Norte de Centroamérica”, recoge la realidad de los tres países en materia judicial y de derechos humanos, producto de una investigación hecha este año y que duró cuatro meses.

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En el documento se establece que si bien hay diferencias y similitudes entre El Salvador, Honduras y Guatemala, “ninguno de los órganos judiciales de estos países ha estado exento de politización y de ataques a la independencia e integridad de parte de otros poderes del estado y poderes fácticos”.

Otra similitud que apuntan es que “en los tres casos se aprovechan los mecanismos de elección para influir en la selección de perfiles que puedan ser afines a sectores con intereses y cuando no sucede así, han manipulado el sistema de una u otra forme”, establecen en el documento.

En el caso específico de El Salvador, consideran que la mayoría calificada en manos de Nuevas Ideas, el partido del presidente de la República, y sus aliados GANA, PCN y PCN, ha sido objeto de alarma en la comunidad internacional.

“El sistema de frenos y contrapesos está en terapia intensiva en el país, y en este la independencia e
integridad judicial como institución esencial para la existencia de un Estado de Derecho agoniza”, dice el informe.

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Saúl Baños, director ejecutivo de Fespad, dijo en la presentación del informe, que “no es posible que haya regresiones de los pocos avances que hemos tenido desde los Acuerdos de Paz” y que en el caso salvadoreño se ha dado de una forma acelerada y en poco tiempo “un desmontaje de la institucionalidad democrática, y por lo tato una debilidad institucional”.

Para Baños, hay situaciones similares y diferencias en países, en el caso nuestro, “se está construyendo una vía de un solo sentido y sin regreso”, algo que dijo es “sumamente peligroso” para el el estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de todos los salvadoreños”.

Lo anterior se ha reflejado, a la luz del estudio, en la desobediencia a las resoluciones judiciales por parte del gobierno central y como hecho más reciente la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, lo cual violenta la independencia judicial y las garantías de legalidad, transparencia, meritocracia en las designaciones, “lo que implica reconocer el imperio de la corrupción y la arbitrariedad y la influencia política sobre la justicia”.

El pasado 1 de mayo, durante la primera sesión plenaria de la actual legislatura, los diputados oficialistas destituyeron de forma inconstitucional al anterior Fiscal General y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Foto: EDH / René Quintanilla / Archivo

Lo que proponen

Para comenzar, consideran que los conflictos entre órganos de Estado se dirimen mediante los canales establecidos y la Constitución establece el camino y el respeto para ello.

“Conflictos generados porque un Órgano del Estado no esté de acuerdo con una decisión judicial deben ser dirimidos mediante las actuaciones legales enmarcadas en el respeto a la Constitución”, afirman.

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Dentro de lo que proponen, también está que “debe realizarse un proceso integral de desconcentración del poder de la CSJ y su presidente sobre el Órgano Judicial en dos sentidos: priorizando la labor jurisdiccional sobre la gerencial administrativa y en las que existan conflictos de interés donde se encuentre un margen razonable de discrecionalidad que signifique la pérdida de la imparcialidad”.

Además, recomiendan revisar las atribuciones de Corte Plena, incluyendo las comisiones de jueces y la comisión de ética y probidad; así como el rol de la Sala de lo Contencioso Administrativo en procesos que involucren específicamente casos de la judicatura.

El estudio también incluye conclusiones y recomendaciones para los otros países del Triángulo Norte.

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