La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), a través de su directora del Departamento de Estudios Legales, Marjorie de Trigueros, también criticó lo acontecido durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo eligió a cinco magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según De Trigueros, el proceso de elección viola directamente la Constitución de la República, la jurisprudencia constitucional y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), debido a que el procedimiento no se respetó al no haberse realizado la adecuada deliberación, evaluación de méritos y comprobación de los requisitos de honorabilidad de los distintos candidatos.
"No hubo una deliberación pública en la que se razonara por qué se elegía a un candidato y no otro de la lista", señala la investigadora, quien además destacó que el procedimiento se limitó a un intercambio de listas de cuatro partidos políticos, mismos que, hoy por hoy, están alineados con el oficialismo.
Una de las acciones que violó a lo establecido en la Constitución, según de Trigueros, es que la sesión plenaria fue suspendida para que la Comisión Política se reuniera a hacer, básicamente, una elección basada en los votos de cada candidato y no en sus competencias.
"Una elección conforme con la Constitución implica evaluar, deliberar y elegir de forma pública y motivada a los nuevos magistrados y magistradas, pero ni la Comisión Política, ni el pleno legislativo cumplieron con dichos requisitos, sino que se limitaron a intercambiar listas, buscar coincidencias y votar por nombres, tal como se había hecho en un pasado que tanto ha criticado y del que supuestamente busca distinguirse el partido oficial", apunta la investigadora.
Además, enfatizó en el hecho de que la actual legislatura ha electo, de forma inconstitucional, a nueve magistrados entre los hechos del 1 de mayo, que significaron un Golpe al Poder Judicial, y las elecciones del 29 de junio. Mismas que, aunque se hubieran respetado los procedimientos, caería siempre en inconstitucionalidad debido a que la Constitución misma señala en el artículo 186 que cada legislatura tiene la facultad para elegir a solo 1/3 de los magistrados de la CSJ, es decir, a cinco.
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"La elección de más de 1/3 de las magistraturas de la CSJ produce una concentración de poder que afecta considerablemente nuestro sistema de frenos y contrapesos", sentencia de Trigueros, quien además concluye que, al haber colocado a más de 1/3 de los magistrados y haber eliminado el único contrapeso que quedaba para controlar los abusos de poder por parte del oficialismo "ya no hay derechos garantizados para los salvadoreños y salvadoreñas."