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Asamblea refuerza escuchas telefónicas sin informes de la Fiscalía sobre su aplicación

Los diputados oficialistas aprobaron este miércoles trasladarle $10.9 millones al Ministerio Público para ese fin.

Por Eugenia Velásquez | May 26, 2022- 21:26

Foto EDH / Archivo

En medio de un régimen de excepción que fue ampliado a 30 días más y de denuncias ciudadanas de “abusos” y “violaciones a los derechos humanos” cometidos bajo esa medida; los diputados del oficialismo votaron a favor de incorporar $10.9 millones a la Fiscalía para fortalecer las escuchas telefónicas.

Según el decreto avalado, los recursos servirán para adquirir una “plataforma tecnológica de vanguardia”, con el objeto de reforzar la intervención de las telecomunicaciones. Todo esto pasa, sin que el fiscal, Rodolfo Delgado, brinde un informe de la ejecución de esa potestad que la ley le obliga presentar en la Asamblea cada año.

Según la solicitud enviada a la Asamblea por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esa medida es para contribuir con las acciones realizadas por las autoridades de seguridad en el marco del régimen de excepción.

Pero la reorientación de dichos fondos fue cuestionada fuertemente por la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, para quien la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, en su Artículo 48, es clara al señalar que el fiscal está obligado a rendir informe a la Asamblea sobre esa facultad.

Lee también: Asamblea reorienta fondos para intervenir las telecomunicaciones en el régimen de excepción

“Anualmente el Fiscal General de la República deberá presentar a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, un informe confidencial sobre el uso que se haya hecho de la facultad de intervención de las telecomunicaciones. La Comisión dictaminará lo que considere pertinente para conocimiento del Pleno Legislativo”, reza el inciso primero del Art. 48 de la mencionada ley.

Al respecto, Ortiz insistió en que el fiscal Delgado ya lleva más de un año de estar en el cargo después de que fuera reelecto, tras su imposición el 1 de mayo de 2021 y no ha presentado ningún reporte confidencial sobre las intervenciones telefónicas.

“¿Dónde está el informe? el fiscal ya lleva más de un año en el cargo y no lo ha presentado, un diputado de esta Asamblea Legislativa, de la comisión (de Legislación) les propuso pedírselo, pero ustedes no quisieron. Siendo nuestra responsabilidad como Asamblea exigírsele. Rendir un informe sobre las escuchas telefónicas no es asunto de querer o no querer, es una obligación legal”, apuntó Ortiz.

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Aseguró que la idea de reforzar las escuchas telefónicas no tiene que ver con el combate a la delincuencia, para la diputada de oposición tiene un fin más delicado, por ejemplo, seguir espiando a los periodistas que destaparon la tregua que tenía el gobierno actual y los anteriores con las pandillas.

A principios del año, el periódico digital El Faro dio a conocer que un examen realizado por el Laboratorio Citizen, especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, Canadá, confirmó que varios periodistas de ese medio de comunicación fueron espiados en sus comunicaciones a través del software de espionaje Pegasus de la empresa israelí NSO Group.

La Asamblea oficialista también aprobó a principios de 20202 reformas al Código Procesal Penal para crear la figura de los “agentes digitales encubiertos”, que operan bajo la tutela de la Fiscalía sin autorización judicial.

La ley obliga al fiscal a plasmar en el informe que debió presentar a la Asamblea, una valoración sobre el uso de las intervenciones, “en particular los resultados obtenidos y los obstáculos enfrentados”.

En el dictamen aprobado el pasado miércoles la justificación del dinero es que éste será utilizado para “obtener información en corto tiempo, única y precisa sobre actividades ilícitas, lo que facilitará los esfuerzos institucionales en la pronta acción penal, en el marco del Régimen de Excepción”.

Sin embargo, Ortiz cree que es una herramienta que el gobierno usará en contra de periodistas y líderes sociales, entre otros, debido a que no hay un informe que transparente los poderes que la ley le otorga al fiscal.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, cuestionó que se esté gastando dinero en inteligencia del Estado cuando hay otras necesidades más urgentes que atender como la entrega del paquete agrícola, por ejemplo.

La ley ordena al fiscal a que si bien no se exigirá que revele datos concretos sobre una investigación en específico, sí debe informar en los casos en los que se haya utilizado la intervención de las telecomunicaciones como medio de prueba en un proceso penal en el que exista sentencia firme.

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Cabe recordar que junto al régimen de excepción, los diputados del oficialismo también aprobaron varias reformas al Código Penal, Procesal Penal, a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y a la Ley Penal Juvenil.

Enmiendas que a juicio de Portillo Cuadra, son más severas que el propio régimen de excepción.

En ellas se elevó la pena de cárcel de hasta 30 años de prisión para pandilleros y sus cabecillas. También eliminaron las medidas alternas a la detención provisional y agravaron los comportamientos delictivos de menores de edad para aplicar prisión de hasta 20 años a jóvenes de 16 años en adelante que cometan delitos, y hasta 10 años de cárcel para niños de 12 a 16 años.

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