Ereguayquín y Santa María, en el departamento de Usulután, tienen una antigua disputa por la jurisdicción de aproximado de un área 1 kilómetro en línea recta sobre la carretera Litoral, más las extensiones a los costados que se han convertido en un área comercial que por hoy paga impuestos al municipio de Santa María.
Como no hay acuerdo entre las municipalidades y luego de que el 4 de noviembre se realizó la segunda y última visita de campo por parte del personal del Centro Nacional de Registro (CNR) para identificar las posibles áreas limítrofes entre los municipios, queda ahora en manos de la Asamblea Legislativa definir al dueño.
“Se han tenido dos reuniones en el centro de gobierno en donde por una u otra forma nunca nos vamos a poner de acuerdo, y dos (reuniones) más que han sido la verificación de los puntos de trifinio que hemos tenido entre un sector y otro. Ahora es la etapa de recopilar toda la información, en nuestro caso tenemos esas pruebas en el área de escrituras, entrega de DUI, servicios básicos y todo lo necesario que corresponde a un municipio, esta documentación el CNR la recibe y la traslada a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa”, explicó Yoalmo Márquez, alcalde de Ereguayquín.
El municipio de Ereguayquín tiene una extensión territorial de 28.01 kilómetros cuadrados, mientras que Santa María mide 11.9 kilómetros cuadrados, pero ha logrado desarrollar un área comercial en el sector de ingreso al bypass de Usulután, que actualmente cuenta con varios negocios de servicios varios, una gasolinera y una empresa inició el procesos para construir un centro comercial.
Sin embargo, el alcalde de Ereguayquín, Márquez, quien inició el proceso de delimitación entre ambos municipios, asegura que su mayor interés es recuperar lo que a su juicio le pertenece a su municipio.
“A ellos no les interesa el sector agrícola, el pleito ha sido desde que nació el bypass que nos dividió el terreno al municipio y la zona comercial es la que ellos persiguen todo el tiempo”, dijo.
Márquez añadió que en el artículo 21 del decreto 425 que habla sobre las disposiciones especiales para la delimitación territorial de los municipios, aprobada en noviembre del 2019, se establece que, para la fijación de dichas demarcaciones, los encargados de realizarla tendrán el cuidado de que estas sigan el curso natural de ríos o accidentes del terreno como barrancas, quebradas, cañones, desfiladeros, también podrán utilizarse aquellos elementos culturales, tales como carreteras, vías férreas, linderos de propiedad que ofrezcan perennidad a través del tiempo y que, con la aplicación de tecnología puedan ser replanteados en el terreno.
Pero el artículo 19, del mismo decreto, establece los criterios para el referendo limítrofe y señala que se deben de apoyar el aspecto histórico, como cartográfica que abone en la solución del diferendo limítrofe, la cual podrá ser utilizada como indicativo, pero no vinculante, de las dimensiones o la existencia de algún elemento geográfico que se relacione con el trazo del límite.
En relación a ese artículo 19, Roberto Navas, alcalde de Santa María cuenta con un acta que data de 1978 en la que los alcaldes de ambos municipios de ese período establecen los límites para cada uno de ellos.
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“Contamos con documentación histórica, un lugar histórico conocido como el “Carreto de la medida”, tenemos el mapa de 1978 y es el que se cuenta a la fecha y nos sirve como documentación base y es también con base al decreto 2587 de ese año con el que nos estamos amparando cuales son los límites que nos corresponden como municipio”, declaró el edil de Santa María.
Navas aseguró que “en ningún momento estamos tratando de usurpar o tratar de inventar datos, sino que son datos que si se tienen y surgen de la misma institución CNR y lo regula el decreto 465 con el cual estamos haciendo este trabajo en esta oportunidad”, añadió.
Dada la falta de acuerdo entre ambos municipios dentro de 30 días el caso será conocido por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa quienes serán los encargados de enviar un informe con base a las pruebas presentadas en el pleno legislativo.