Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen previsto sesionar hoy para analizar, entre otros temas, qué harán con los 137 casos patrimoniales de exfuncionarios en manos de la Sección de Probidad que ya caducaron, es decir, que cumplieron diez años después del final del ejercicio y por lo que no se pueden enviar a un juicio civil si acaso les encuentra algún indicio de enriquecimiento ilícito.
El tema no es nuevo en el seno de la Corte, pero esta aún no ha tomado acuerdo sobre lo que harán con estos casos porque, según uno de los magistrados, confluyen básicamente dos criterios que llevan a dos escenarios: uno es mandar al archivo los casos que sean investigados y en los que se halle indicios de dinero no justificado, porque legalmente están fenecidos; el otro es enviarlo a la Fiscalía General de la República para que investigue.
El magistrado Óscar López Jerez dice que el tema lo han discutido al menos tres ocasiones y que cada magistrado expresa su criterio sobre qué hacer con estos casos expirados y que arrojen sospecha de irregularidad.
Según López, la Constitución dice que si esos casos ya prescribieron no pueden incoarse, es decir, no pueden remitirlos a una cámara de lo civil, así haya sospecha de enriquecimiento ilícito. Pero que tampoco están facultados para certificarlos a la Fiscalía.
Lo que en este caso podría aplicar es mandar un aviso, dice el magistrado, pero aclara que esto no es vinculante, es decir, no pueden obligar a Fiscalía a investigar.
Según el magistrado, lo único que podría surgir en estos casos caducados pero con indicios de irregularidad en las declaraciones patrimoniales, es que si Fiscalía decide investigarlos y confirma algún origen ilícito, alguno de carácter penal, puede procesar a los investigados con la Ley de Extinción de Dominio.
De los casos prescritos, Probidad tiene 32 en diferentes etapas de la investigación. En seis de estos ya tienen el informe y están pendientes de ser presentados a Corte Plena; en nueve de ellos el informe están pendientes de ser pasados a la Comisión de Ética y Probidad (instancia que analiza los expedientes antes de pasar a Corte Plena). Esto significa que en estos casos no se ha tomado una decisión definitiva por el pleno de la Corte. El resto de casos está en diferentes etapas de investigación. Esto significa que no hay informe preliminar todavía.
“La Corte anterior dejó prescribir estos casos y que ni la Ley de Lavado de Dinero se pueda aplicar… enviarlos a Fiscalía sería hasta hipócrita o demagógico hacer creer que con eso no estamos tapando irregularidades”, dice López Jerez.
Para el magistrado, en vez de invertir tiempo en casos “muertos” es mejor “entrarle” a los que aún no han prescrito.
Según datos de Probidad, hay 19 casos que caducarían en 2021 y es en los que está enfocado Probidad para que evitar que expiren.